El nuevo salario mínimo por decreto podría tener un gran impacto negativo en la economía nacional.
Gustavo Petro anunció en la noche del 23 de diciembre proyecciones económicas para los últimos ocho meses de su mandato y abrió la puerta a un ajuste salarial que ya genera controversia. Aunque no confirmó cifras oficiales, se especula que el aumento podría consolidarse en poco más de 1.800.000 pesos, una cifra que, según fuentes, no fue concertada con el sector empresarial. La propuesta se presentó vinculada a objetivos sociales como la paz y el bienestar familiar, pero la ausencia de diálogo técnico con la mesa de diálogo anterior conformada por expertos en industria y economía encendió alertas sobre la viabilidad y los efectos secundarios de una decisión de tal magnitud.
Expertos consultados advierten riesgos macro y microeconómicos si se impone un nuevo salario mínimo por decreto sin acuerdos previos. El economista Andrés Villegas Cortes señaló en una entrevista con la prensa internacional que “Un incremento salarial tan desbordante, un valor tan alto de 1.800.000 pesos (con auxilio de transporte incluido), claramente rompería cualquier esquema y lo que pasaría realmente es que induciría a dos cosas: En términos económicos, lo que pasaría es que sería una presión fuerte e inflacionaria”. Villegas explica que mayor ingreso disponible suele traducirse en mayor demanda y, por ende, en presiones al alza sobre los precios debido a que la industria no puede aumentar la producción en cuestión de días, siendo un efecto que podría erosionar el poder adquisitivo que se busca proteger con el aumento.
Las pymes y el empleo formal aparecen como los sectores más vulnerables frente a un ajuste abrupto a 1.800.000 pesos. Según el análisis del mismo economista, la estructura empresarial colombiana (donde más del 87% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas) no soportaría sin tensiones un salto salarial de esa magnitud. “Las medianas y las grandes empresas serían las únicas que podrían soportar un incremento salarial mucho más alto en el mínimo, pero las pymes no lo serían”, advirtió Villegas, quien prevé un aumento de la informalidad, reducción de contratación y una posible pérdida de puestos de trabajo que contrarrestaría el objetivo social del ajuste.
El anuncio plantea la necesidad de atender a las recomendaciones de la mesa de diálogo anterior antes de formalizar un nuevo salario mínimo por decreto. Más allá del impacto inmediato en precios y empleo, los especialistas subrayan efectos fiscales y de seguridad social: Menor recaudación fiscal, caída en aportes y presión sobre servicios públicos. La decisión, por su alcance, exige consultar directamente con representantes del sector productivo, académicos y autoridades empresariales para evaluar el impacto, mitigar riesgos y diseñar medidas compensatorias; sin ese diálogo, la medida corre el riesgo de generar consecuencias contrarias a las que afirma Petro que busca promover.
