Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 tuvieron lugar la toma y la posterior retoma del Palacio de Justicia. La primera fue perpetrada por el entonces grupo insurgente M-19, y la segunda correspondió al operativo militar emprendido por el Estado para recuperar el edificio.
Aquellos hechos marcaron para siempre la historia del país. En medio del acto terrorista, cerca de 300 personas fueron tomadas como rehenes. Según los comunicados del grupo insurgente, la acción pretendía someter a juicio político al entonces presidente Belisario Betancurt.
El número exacto de víctimas continúa siendo objeto de debate. No obstante, las estimaciones oficiales señalan que los cuerpos de 94 personas fueron llevados a la morgue del Instituto de Medicina Legal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó la muerte de al menos 11 magistrados, así como la desaparición y asesinato de decenas de civiles durante y después de los hechos.
El general Jesús Armando Arias Cabrales, de 88 años, que era el responsable del operativo militar que enfrentó a los guerrilleros, calificado de brutal, irresponsable y caótico, fue condenado a 35 años de cárcel, pena que cumple en la actualidad. Lo mismo el coronel Edilberto Sánchez. En cambio, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, del cuerpo de artillería y el primero en acudir al palacio con tanques, como le habían ordenado, permaneció ocho años preso hasta que la Corte Suprema le absolvió de todos los cargos.
Los integrantes del M-19, por su parte, fueron amnistiados sin pasar por el banquillo de los acusados y nunca les obligaron a confesar la verdad ni pedir perdón ni indemnizar a las víctimas. Varios saltaron a la política, como el líder de la banda, Carlos Pizarro, asesinado en 1990 en su campaña electoral para las presidenciales; Antonio Navarro, que fue senador y gobernador, o Gustavo Petro, que ocupó escaños en el Congreso y el Senado, resultó elegido alcalde de Bogotá y conquistó la Presidencia en 2022.
