Si bien la Fiscalía solicitó prisión domiciliaria para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su reclusión en cárcel por considerarlos las presuntas cabezas del entramado corrupto de la UNGRD.
La magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal, indicó que la ausencia de cargo público de los implicados no neutralizan el riesgo, «pues la Fiscalía acreditó que las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas y operaban a través de terceros».
La magistrada Rosero explicó que, si bien se solicitó prisión domiciliaria, el riesgo no depende de la movilidad física, “sino de la capacidad de articulación e intermediación propia de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública (…). La medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario resulta idónea, necesaria y proporcional para los imputados”.
