Un borrador de reforma propone eliminar títulos y experiencia para embajadores y cónsules: Un estallido de críticas en la política y la diplomacia. El documento elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública plantea que para ser designado como embajador extraordinario y plenipotenciario o cónsul general central baste la nacionalidad colombiana por nacimiento y tener más de 25 años, suprimiendo los requisitos actuales de título profesional, posgrado y experiencia en relaciones internacionales.
La propuesta incluye una redacción explícita que exonera los requisitos académicos y de experiencia. El borrador establece: “En excepción a lo previsto en este artículo, para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción de embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias”, lo que permitiría nombrar en altos cargos diplomáticos a personas sin formación universitaria ni trayectoria profesional en el área.
Petro defendió su potestad para impulsar el cambio, defendiendo la propuesta a capa y espada, y desató objeciones públicas y gremiales. Este sostuvo que dirigir las relaciones exteriores es una función presidencial y lo hizo saber en sus redes sociales al asegurar que la facultad es constitucional. En contraste, la senadora Angélica Lozano calificó la iniciativa como “un abuso de poder” y advirtió sobre los riesgos para la diplomacia. Sindicatos y asociaciones como Asodiplo y Unidiplo emitieron un comunicado señalando que la medida “desvaloriza la carrera diplomática” y pone en riesgo la atención de millones de colombianos en el exterior.
Los críticos alertan sobre impactos operativos y en la protección consular que la norma podría provocar. Los gremios explican que los embajadores y cónsules manejan funciones sensibles como protección, emergencias, trámites notariales, repatriaciones y orientación jurídica, y que la falta de formación y experiencia perjudicaría la gestión. La controversia abre un debate sobre la profesionalización de la carrera diplomática, la separación de funciones entre poder ejecutivo y control institucional, y las consecuencias prácticas para los colombianos en el exterior mientras el borrador avanza en el trámite administrativo, el cual cambiaría el paradigma de perfil para altos cargos cambiando la formación y la experiencia profesional por una afiliación política.
