El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026, por un monto de $546,9 billones, una cifra inferior en $10 billones al proyecto que había presentado inicialmente el Gobierno Nacional.
Aunque el Ejecutivo destacó el esfuerzo de austeridad, diferentes sectores políticos y sociales advirtieron que el recorte podría afectar programas esenciales y aumentar la incertidumbre fiscal del país.
Del total aprobado, $358 billones se destinarán a funcionamiento, $100 billones al pago de la deuda y $88 billones a inversión pública. Sin embargo, el presupuesto depende de la aprobación de una nueva reforma tributaria, que debería aportar $16,3 billones adicionales.
Expertos advierten que, sin esa reforma, varias partidas no podrían ejecutarse.
“El Gobierno está presupuestando recursos que aún no existen. Es un riesgo fiscal importante”, señalaron congresistas de oposición durante el debate.
Pese a los aumentos en salud y educación, sectores como la Defensoría del Pueblo, el deporte y la agricultura sufrirán reducciones de hasta el 5 % en su presupuesto, lo que podría limitar su capacidad operativa y los programas sociales en regiones vulnerables.
Desde la Defensoría se advirtió que la reducción afectará la presencia institucional en zonas donde más se requiere acompañamiento.
La aprobación se logró con 50 votos a favor y 27 en contra, pero varios legisladores alertaron que el presupuesto no resuelve la falta de inversión real y deja muchos compromisos “en el aire”.
“Estamos ante un presupuesto recortado, condicionado y lleno de promesas que dependen de una reforma tributaria incierta”, señalaron analistas económicos.
Además, este será el último presupuesto aprobado durante el mandato del presidente Gustavo Petro, por lo que algunos observadores lo consideran un “presupuesto de cierre” con limitaciones estructurales.
Organismos territoriales y mandatarios locales expresaron inquietud por la reducción en inversión regional, lo que podría retrasar obras y programas sociales en departamentos y municipios.
“Con menos inversión, los territorios seguirán dependiendo de giros centrales y se frenará el desarrollo local”, advirtió un funcionario del Congreso.
