El debate sobre la posible destitución de alcaldes y gobernadores por el paro campesino
La amenaza de Petro a mandatarios seccionales ha provocado una fuerte respuesta por parte de diversos sectores políticos tras las recientes declaraciones del jefe de Estado sobre el orden público. El Concejal de Medellín, Santiago Perdomo, denunció a través de sus canales digitales que el Ejecutivo nacional pretende ejercer una presión indebida sobre los líderes regionales en el marco de las movilizaciones agrarias que afectan diversos territorios. Según el cabildante, la postura de Petro es contradictoria, especialmente al recordar que “¿Cómo les parece? Gustavo Petro amenaza con destituir y con cárcel a todos los alcaldes y gobernadores en cuyos territorios está dando el paro campesino”, lo que abre un nuevo frente de tensión entre la Casa de Nariño y los entes territoriales.
De acuerdo con el análisis de la situación en el departamento de Santander y otras regiones, Perdomo sostiene que la actual crisis social no es fortuita, sino una reacción a las políticas fiscales del Gobierno central que han afectado la economía rural. El concejal enfatizó que la destitución de alcaldes y gobernadores se plantea como una medida punitiva ante un descontento social que, a su juicio, fue originado por la propia administración nacional al incrementar los costos de la propiedad. En este sentido, el corporado manifestó que el país se encuentra ante “un paro provocado por su gobierno, que subió de manera exacerbada los avalúos catastrales con el objetivo de cobrar más impuestos prediales”, señalando que esta carga impositiva busca extraer mayores recursos de la ciudadanía.
En el ámbito técnico y legal, la controversia se centra en las competencias para sancionar a funcionarios de elección popular, un tema donde la amenaza de Petro a mandatarios cobra una relevancia jurídica significativa. Petro ha matizado su postura indicando que la responsabilidad recaería sobre los organismos de control y no sobre un deseo personal de su despacho. Sobre este particular, Petro afirmó de manera tajante: “Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor”. No obstante, para los críticos de esta posición, el uso de la institucionalidad para perseguir a contradictores políticos en medio de conflictos sociales representa un riesgo para la autonomía administrativa de las regiones.
El contexto de esta disputa pone de relieve un cambio en la narrativa presidencial respecto a la defensa de los cargos de elección popular que el propio Petro sostuvo en el pasado. El Concejal Perdomo subrayó la incoherencia del Ejecutivo al intentar validar la destitución de alcaldes y gobernadores cuando él mismo fue beneficiario de medidas cautelares para proteger su mandato en Bogotá, tiempos en los que afirmó que ninguna administración podía atentar contra el cargo de un funcionario electo. El cabildante concluyó su intervención asegurando que Petro “no tolera que ningún alcalde o gobernador proteste en contra de su gobierno, de su perversa administración”, advirtiendo sobre las posibles consecuencias políticas y sociales de instrumentalizar las protestas campesinas para desestabilizar los liderazgos locales que no se alinean con la gestión del Gobierno nacional.
