Gobernador anuncia inaplicación del decreto y apela a la defensa de la autonomía fiscal regional.
Este jueves 15 de enero, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que Antioquia inaplica el decreto de emergencia económica dictado por Gustavo Petro, al invocar la figura de excepción de inconstitucionalidad para suspender su aplicación hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo. En sus declaraciones, el mandatario explicó: “Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro”, subrayando la decisión como una medida preventiva frente a lo que calificó de una imposición centralista.
Rendón advirtió que las medidas del Gobierno nacional representan una afectación directa a las finanzas departamentales que puede evitarse mientras la Corte define el asunto, y defendió la herramienta constitucional como mecanismo de protección. En ese sentido afirmó que “Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”, y reiteró que la urgencia del Ejecutivo no puede convertirse en un permiso para desconocer el diseño constitucional del sistema tributario, velando el gobernador primeramente por el bienestar de la autonomía fiscal regional.
El gobernador insistió en que no es aceptable que el presidente imponga decretos que afectan la economía de los antioqueños y otras regiones, y apeló al principio de supremacía constitucional: “La urgencia del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario en Colombia. La Constitución es la norma de normas. Ningún acto administrativo o ley está por encima de nuestra Carta Magna”. Con esta postura, Antioquia inaplica el decreto marcando lo de inconstitucional y busca preservar su autonomía fiscal regional mientras se agotan las vías judiciales y políticas para dirimir la controversia.
