Contraloría procede al archivo por inexistencia de daño tras inspecciones y pruebas técnicas.
La Contraloría General de la República ordenó el archivo de los procesos contra Andrés Julián Rendón al cerrar dos procesos de responsabilidad fiscal que investigaban la construcción de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro, obras ejecutadas durante el periodo como alcalde de dicho municipio del ahora gobernador del 2016 al 2019. La Dirección de Investigaciones 4 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal concluyó que no hubo detrimento patrimonial en los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, un expediente que inicialmente estimó un presunto perjuicio cercano a 1.270 millones de pesos.
El archivo se sustentó en nuevas pruebas documentales y visitas técnicas que acreditaron la ejecución conforme a los diseños y la operatividad de las sedes policiales, lo que motivó el “archivo por inexistencia de daño” según la resolución del juez de la entidad responsable. En el caso del CAI Cuatro Esquinas, la Contraloría señaló que “la infraestructura ejecutada guarda una congruencia técnica y arquitectónica con los planos de diseño aprobados, materializando las áreas operativas necesarias para el servicio policial”, desvirtuando la hipótesis de que las instalaciones no prestaban el servicio para el cual fueron contratadas.
Los informes técnicos también acreditaron la entrega formal y la ocupación de las instalaciones por parte de la Policía Nacional, lo que fue determinante para el fallo. Sobre el CAI San Antonio de Pereira, el documento destaca que “la obra se encuentra en un estado funcional satisfactorio, con sus sistemas hidrosanitarios, eléctricos y de telemática operativos”, y añade que la unidad policial ocupa el inmueble en condiciones de habitabilidad avaladas formalmente por la Policía Nacional. La decisión recuerda además el principio rector aplicado: “no existe un daño cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud”, por lo que procedió el archivo de los procesos y la desvinculación de las partes involucradas.
La medida beneficia no solo al gobernador Andrés Julián Rendón sino también a Hernán Darío Álvarez Suárez, ex Secretario de Gobierno de Rionegro, y cierra una etapa de indagación que había puesto en entredicho la gestión de recursos en seguridad local. Con el archivo por inexistencia de daño, la Contraloría busca dejar constancia técnica de la operatividad de las obras y proyecta que, salvo nuevas pruebas, no habrá responsabilidades fiscales; el cierre del caso permite ahora concentrar esfuerzos en la continuidad del servicio policial en las sedes verificadas y en la transparencia de futuros procesos contractuales.
