Detalles sobre la sanción al director de la ANT y su arresto
El arresto de Juan Felipe Harman, actual director de la Agencia Nacional de Tierra, ha sido ordenado formalmente por la Juez 50 Laboral del Circuito de Bogotá Tras una denuncia por falta de consignación de documentos dictada por una tutela judicial realizada por la Senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. La decisión judicial surge tras confirmarse que el funcionario y Ángela Lorena Ortiz Rosero, secretaria general de la entidad, “incurrieron en desacato a la sentencia de tutela proferida el 16 de diciembre del 2025”. Esta medida responde al incumplimiento de una orden previa que obligaba a la institución a entregar información detallada sobre la adquisición de un predio específico, vulnerando el derecho de petición interpuesto por la contraparte.
La sanción al director de la ANT y a la secretaria general incluye una privación de la libertad de cinco días para cada uno. El origen del conflicto legal radica en la falta de respuesta sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas” en Dagua, Valle del Cauca, un terreno ocupado por campesinos desde hace dos décadas. Según la denuncia, la entidad habría evadido la entrega de documentos críticos, lo que llevó a la jueza a determinar que los implicados “desacataron una orden judicial relacionada con un derecho de petición” que buscaba transparencia en los procesos de adjudicación.
| Funcionario Sancionado | Cargo | Sanción de Arresto | Multa Económica |
|---|---|---|---|
| Juan Felipe Harman Ortiz | Director General ANT | 5 días | 5 SMLMV |
| Ángela Lorena Ortiz Rosero | Secretaria General ANT | 5 días | 5 SMLMV |
En términos financieros y legales, el arresto de Juan Felipe Harman viene acompañado de una carga económica significativa para los directivos. La providencia judicial estipula “una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes” para cada funcionario, la cual debe ser consignada en la cuenta del Banco Agrario dispuesta para multas y cauciones. Además de la sanción pecuniaria, la justicia ha decidido compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de que se inicie una investigación penal contra los implicados por el presunto delito de fraude a resolución judicial.
Este escenario genera un fuerte cuestionamiento sobre la transparencia institucional, pues la sanción al director de la ANT se da en medio de graves acusaciones sobre posibles redes de corrupción. La parte demandante ha sugerido la existencia de una “práctica sistemática de cobrar comisión del 10% en compra de predios”, donde los desembolsos se demorarían intencionalmente. El proceso queda ahora bajo la lupa de los entes de control, mientras se espera el cumplimiento de la orden de arresto y el pago de las multas dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
