Desvío de contratos y desatención a los organismos de socorro de Itagüí
La atención de emergencias en Itagüí enfrenta una severa crisis operativa tras las denuncias públicas realizadas por el veedor ciudadano Juan David Flórez, conocido como El Itagüíseño, en contra del alcalde Diego Torres, a quien señala de dejar desprotegido al municipio por marginar presupuestalmente a la Defensa Civil. Según Flórez, la Alcaldía de Itagüí ha concentrado los recursos en una sola institución que actualmente presenta irregularidades, advirtiendo que “desde que se posesionó el alcalde Diego Torres, a la Defensa Civil no le han girado ni un solo peso”, situación que debilita de forma alarmante la capacidad de respuesta del municipio.
La denuncia radica en la exclusión presupuestal de entidades históricas para entregar la gestión preventiva a un único cuerpo. En Itagüí operan formalmente tres instituciones de auxilio conforme lo indica la ley, pero la gestión de Torres y el trujillismo recortaron el apoyo hacia la Defensa Civil del municipio, haciendo que los organismos de socorro de Itagüí pierdan su estabilidad financiera y logística. Al respecto, el Itagüíseño recriminó el manejo de los recursos indicando que “la contratación para la atención de emergencia se está subcontratando por el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Itagüí” de forma exclusiva, hecho que genera serias dudas sobre la transparencia en la adjudicación de los dineros del municipio.
Los números de la Administración municipal reflejan una notable disparidad, pues se han destinado más de 16.800 millones de pesos al cuerpo de bomberos durante la actual gestión, mientras que la Defensa Civil perdió el presupuesto de hasta 50 millones de pesos que recibía durante las administraciones anteriores para el mantenimiento de su sede y vehículos. Esta desfinanciación en la atención de emergencias en Itagüí vulnera la ley de gestión del riesgo, norma que exige asignar fondos anuales para fortalecer a todos los entes de rescate. Sobre este fundamento legal, Flórez recordó que “el artículo 53 de la Ley 1523 de 2012, que establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, señala que el alcalde debe incluir en el presupuesto anual los recursos necesarios para fortalecer la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y la Cruz Roja”, mandato ignorado por un alcalde que afirma conocer de cerca esta labor de los bomberos.
El escenario resulta todavía más crítico si se consideran las salpicaduras por presuntas irregularidades en la contratación de los bomberos y el evidente deterioro físico en la sede de la Defensa Civil. El abandono oficial hacia estos organismos de socorro de Itagüí configura un peligroso vacío de ayuda ante eventuales catástrofes en el territorio. Frente a esta desprotección de los itagüíseños, el veedor Juan David Flórez concluyó que “el no contratar a la defensa civil podría ser una omisión de riesgo público, ya que debilita la capacidad de respuesta operativa del municipio frente a las emergencias”.
