Justicia determina que el ataque al líder político fue planeado por una red criminal organizada
El atentado contra Miguel Uribe dio un giro judicial definitivo tras confirmarse la total exoneración del jefe de su esquema de seguridad. La Fiscalía General Penal Militar y Policial decretó la preclusión de la investigación que se adelantaba contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, luego de los hechos ocurridos el sábado 7 de junio de 2025. Las autoridades determinaron que la acción violenta contra el entonces senador y precandidato presidencial no tuvo relación con fallas de su equipo de protección, respaldando por completo los procedimientos efectuados durante la crisis.
Según explicaron los portavoces de la Fiscalía Penal Militar en un comunicado oficial, el comportamiento del oficial operativo “se ajustó a los protocolos de protección y respuesta inmediata” frente a la emergencia. La investigación demostró que el subcomisario Gómez recibió la notificación del evento político apenas unas horas antes de que iniciara, viéndose obligado a desplegar coordinaciones de urgencia con la policía local y otros esquemas de seguridad del sector. El ente acusador reiteró que el ataque al líder político fue contenido eficazmente por los escoltas, aclarando que “las actuaciones desplegadas evidenciaron una reacción inmediata orientada a la protección de la vida e integridad del protegido” frente a las denuncias de supuesta inoperancia.
Las evidencias recolectadas revelaron que el atentado contra Miguel Uribe fue planificado meticulosamente durante meses por una red criminal organizada con roles y logísticas específicas. El juez de control de garantías encargado de presidir la audiencia pública enfatizó que “la fuerza criminal de quienes venían planeando este magnicidio superó el esfuerzo del hombre de protección subcomisario Gómez Velasco”, descartando cualquier omisión intencional. Además, el togado sumó argumentos jurídicos al precisar que “el elemento subjetivo del delito de prevaricato por omisión no puede ser inferido a partir de apreciaciones subjetivas ni de la mera ocurrencia de un resultado lesivo, sino que exige prueba concreta que permita establecer la existencia de una voluntad consciente y deliberada de omitir el cumplimiento de ese deber”. Actualmente, el proceso técnico evalúa un preacuerdo que estipula una pena de 26 años de cárcel para uno de los coordinadores materiales detenidos.
El trasfondo del ataque al líder político estuvo marcado por la indignación colectiva debido al comportamiento insolente de los procesados Elder José Arteaga, conocido como alias El Costeño, y alias El Hermano, quienes intercambiaron risas y bromas con frases como “Encanado” y comentarios sobre “buscar el sueño americano” en plena audiencia pública virtual. Paralelamente, los voceros de la Fiscalía Penal Militar confirmaron mediante un reporte final que el subcomisario Gómez “aplicó los protocolos de protección al cubrir con su cuerpo al senador y facilitar su evacuación, mientras otros integrantes del dispositivo de seguridad repelieron la agresión, neutralizaron al atacante y apoyaron el traslado urgente de la víctima a un centro asistencial”. Mientras la defensa institucional del escolta culmina exitosamente, los allegados de la víctima exigen rechazar el pacto de 26 años de prisión por considerarlo insuficiente ante la gravedad del magnicidio ejecutado por lo que los peritos calificaron como “una red delictiva con responsabilidades específicas, logística previa y determinadores concretos”.
