La negociación por el aumento salarial 2026 entra en su tramo más tenso y el plazo del 15 de diciembre es inminente sin señales claras de consenso. Las centrales obreras describen las posiciones como “abismales” y advierten que la distancia entre las propuestas sindicales y las patronales complica alcanzar una cifra acordada en el calendario previsto; la mesa de concertación enfrenta ahora sesiones donde técnicos y representantes exponen límites y proyecciones mientras el país observa el proceso que definirá el ingreso mínimo del próximo año.
Los sindicatos piden un ajuste de doble dígito y los gremios proponen una cifra menor, en un choque que tensiona el debate sobre el salario. La Central Unida de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones insisten en un incremento “de al menos 12%” para recuperar poder adquisitivo, mientras los gremios económicos defienden un aumento en torno al 7% y el 9% con el argumento de evitar presiones inflacionarias. En medio de ese debate, el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, repite que su prioridad es lograr un acuerdo, aunque Gustavo Petro ha defendido y demandado un alza más ambiciosa para “proteger a los hogares”, en alocuciones donde ha asomado un aumento abusivo que dejaría el salario mínimo en torno a los 2.700.000 pesos, un aumento cercano al 100%.
Si no hay acuerdo el lunes 15 de diciembre, el protocolo establece etapas formales que pueden llevar la decisión hasta fines de mes. Tras la fecha límite se abre un periodo entre el 16 y el 18 de diciembre para que cada sector presente por escrito sus salvedades, documentos que la Comisión analizará el 18 de diciembre como filtro técnico y jurídico. Luego, del 19 al 29 de diciembre, la negociación entra en sesiones extraordinarias con la última ventana para intentar una concertación antes de que la responsabilidad pase a presidencia, que podrá fijar el salario mínimo de 2026 libremente por decreto a más tardar el 30 de diciembre si no hay acuerdo.
La definición final combinará argumentos técnicos, proyecciones económicas y decisiones políticas, teniendo efectos sociales y económicos inmediatos. Para el decreto presidencial se tomaría en cuenta las salvedades presentadas, las proyecciones oficiales, la inflación y los datos del mercado laboral; pero la decisión final quedaría en manos de Petro. Las centrales advierten que la ausencia de consenso sería una derrota para el diálogo social, mientras que los empresarios sostienen que las propuestas sindicales son insostenibles fiscalmente. Con el reloj corriendo a solo horas del 15 de diciembre, la negociación del aumento salarial 2026 se mantiene como un termómetro de la capacidad de los sectores para acercar posiciones en un calendario que no admite demoras.
