La explosión del peaje de Copacabana que dejó un saldo fatal de dos muertos puso en evidencia un caso de tráfico de armas en la autopista Medellín – Bogotá. Entre las víctimas fatales figura Christian Jairo Barreto, de 37 años y oriundo de Cúcuta, identificado por las autoridades como el autor del atentado de la detonación de una granada de fragmentación dentro del vehículo el pasado martes; dos oficiales resultaron heridos en el lugar y la otra víctima falleció posteriormente, aún sin identificar.
El historial del fallecido complica la investigación y refuerza la hipótesis de vínculos criminales. Barreto, quien fue integrante de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) en la Policía Metropolitana de Bucaramanga, acumuló antecedentes entre 2017 y 2024 por violencia intrafamiliar, tráfico de armas, concierto para delinquir, peculado, hurto y otros delitos reservados en el expediente. En medio de estos procesos, fue destituido de la Policía en 2020 tras su detención por nexos con grupos criminales, rasgos que han llevado a las autoridades a calificarlo en la escena como un ex policía corrupto implicado en redes de tráfico de armas basado en su prontuario y las evidencias halladas en el sitio del atentado.
Los hallazgos técnicos en el vehículo apuntan a una operación de comercio ilegal de armas con destino a Bogotá. En el maletero del vehículo del atentado, en un doble fondo, las autoridades encontraron dos fusiles de alto calibre, municiones afines y cargadores que, según la línea investigativa y declaraciones de Barreto instantes antes del atentado, habrían sido material de tráfico de armas destinados a la venta en la capital. La hipótesis que se maneja sostiene que Barreto, al intentar eludir la inspección de los oficiales de policía afectados por el evento, habría amenazado con usar la granada y por un manejo inadecuado el artefacto detonó en su mano, provocando la muerte instantánea del autor del atentado y la de su acompañante momentos después, mientras los dos oficiales resultaron heridos por las esquirlas del explosivo.
El caso abre interrogantes sobre la penetración del crimen en filas policiales y las rutas del tráfico de armas. La presencia de un ex policía corrupto con pasado en la DIJIN y tal prontuario criminal, aunado al hallazgo de evidencias de tráfico de armas elevan la preocupación por posibles redes de crimen organizado internas en los cuerpos de seguridad y remarca la necesidad de profundizar en la trazabilidad del material bélico. Las autoridades continúan con peritajes forenses, búsqueda de nuevas evidencias y análisis balísticos para esclarecer el origen de las armas y descartar posibles autores intelectuales adicionales, mientras los dos uniformados heridos reciben atención médica que promueve su mejoría y la comunidad exige respuestas sobre la seguridad.
