Obstáculos legales paralizan la causa contra el presunto responsable de los atentados
A casi un cuarto de siglo de la tragedia, el procesado como autor intelectual del 11-S, Khalid Sheikh Mohammed, sigue en un limbo judicial tras más de dos décadas detenido en la base militar de Guantánamo sin recibir una condena firme. Aunque las autoridades del tribunal militar fijaron el 5 de junio de 2028 como fecha para empezar el proceso contra el líder de Al Qaeda capturado en Pakistán en 2003, abogados cercanos al caso aseguran que el juicio no se va a dar por las irregularidades acumuladas. Ante este estancamiento, el abogado Joshua Dratel advirtió que «todo está contaminado por la política y la falta de rendición de cuentas por la tortura» que sufrió el procesado.
Los intentos anteriores por juzgar en cortes civiles al presunto responsable de los atentados fracasaron por presiones políticas y temores de seguridad nacional. En 2009, el gobierno del presidente Barack Obama anunció que quería trasladar el caso a un tribunal de Manhattan, prometiendo someter al detenido a «las exigencias más rigurosas de la justicia», una medida respaldada por el entonces fiscal general Eric Holder. Sin embargo, figuras públicas como el exalcalde republicano Rudy Giuliani criticaron la iniciativa calificándola como «una falta de preocupación por los derechos del público», lo que obligó a cancelar el juicio civil, después de que el abogado Dratel lo calificara como «una farsa» en muchos sentidos.
El caso contra el señalado autor intelectual del 11-S tuvo problemas legales importantes, como la decisión reciente de un juez militar que prohibió a los fiscales usar confesiones hechas al FBI en 2007, al considerar que venían de 183 sesiones de ahogamiento simulado o waterboarding documentadas en informes del Senado estadounidense. Las trabas en el proceso también hicieron que un acuerdo de culpabilidad anunciado en 2024, para evitar la pena de mu3rte, se cancelara por completo. Según el abogado David Raskin, exjefe de la fiscalía en Nueva York, las comisiones militares «se convirtieron en el sueño de un abogado defensor» debido a los litigios interminables sobre su legalidad.
El largo encierro en Cuba del presunto responsable de los atentados, a donde fue trasladado en septiembre de 2006 tras pasar tres años en prisiones secretas de la CIA, mantiene a las familias de las víctimas exigiendo una resolución definitiva. Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United y viuda de una víctima del World Trade Center, afirmó que «de verdad queremos ver que esto llegue a su fin en algún momento», destacando que la pena de mu3rte «se ajusta al crimen y evitaría que eso ocurriera alguna vez» ante posibles intercambios de prisioneros. Frente a este panorama, analistas como Raskin creen que nunca se va a completar un juicio militar para los acusados.
