Correos internos del Banco Agrario revelan un entramado financiero que beneficia a empresas vinculadas a la familia de la primera dama, Verónica Alcocer, y encienden alarmas por posible tráfico de influencias. Documentos obtenidos por distintas casas de prensa nacionales muestran la estructuración de operaciones por montos millonarios que involucran a sociedades de los hermanos María Teresa Alcocer y Juan Carlos Alcocer, con solicitudes de crédito que suman hasta 13.901 millones de pesos y contratos de arrendamiento por 3.669 millones de pesos. La información apunta a un patrón de gestiones internas y a la intervención de altos directivos del banco desde 2022, periodo en el que asumió la presidencia de la entidad Hernando Chica Zuccardi, amigo personal de Verónica Alcocer.
Los correos detallan operaciones concretas y mecanismos que facilitan el acceso a financiación. Un mensaje del 23 de noviembre de 2022 describe dos créditos: Uno por 4.236 millones para Praga Servicios Inmobiliarios S.A., y otro por 3.767 millones para Fema Reforestaciones S.A.S., empresas en las que los Alcocer tenían participaciones mayoritarias; el plan incluía la constitución de una fiducia y la administración de contratos de arriendo por parte de Inalca Colombia S.A.S. para garantizar los flujos al banco. Otro correo del 14 de marzo de 2023 alude a un crédito de 5.000 millones con participación de Finagro y plazo a 72 meses, mientras que el sistema interno del banco (basado en Cobis, una plataforma de soluciones digitales bancarias) registra un desembolso de 898 millones a Aliados Financieros y Servicios S.A.S Zomac, sociedad controlada por Fema Reforestaciones S.A.S..
Funcionarios internos alertaron sobre el riesgo reputacional y detectaron enroques accionariales. Informes del área comercial y advertencias dirigidas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT consignan antecedentes mediáticos y financieros de la familia Alcocer que, según esos documentos, justificaban abstenerse de emitir conceptos favorables para el negocio de más de 8.000 millones en ese momento. La investigación realizada también identifica un contrato de arrendamiento firmado en marzo de 2025 por Álvaro Fernando Arias para trasladar una sucursal del Banco Agrario al edificio Centum Business Building, con un canon mensual de 30 millones pagado a través de Inalca Colombia S.A.S., inmueble donde las empresas de los Alcocer poseen varios pisos.
El escándalo plantea preguntas sobre la misión del Banco Agrario y exige investigación independiente. Que una entidad cuyo objetivo es el fomento agropecuario aparezca vinculada a negocios inmobiliarios de allegados a la primera dama erosiona la confianza pública y alimenta la percepción de uso político de recursos financieros. Aunque la aprobación de créditos no equivale automáticamente a delito, la coincidencia de vínculos personales, decisiones ejecutivas y beneficios económicos configura una apariencia inaceptable de tráfico de influencias que requiere auditoría externa, transparencia total y sanciones administrativas si se comprueban irregularidades.
