El presidente Rodrigo Paz logra la estabilización del orden social en su país
Los bloqueos de rutas en Bolivia comenzaron a ceder parcialmente tras la exitosa firma de un acuerdo de pacificación entre el gobierno del Presidente Rodrigo Paz y la cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB), poniendo fin a más de cincuenta días de paros que asfixiaron la economía bolivana. El pacto formalizado en La Paz establece el cese inmediato de las medidas de fuerza a cambio de la instalación de mesas de trabajo técnicas, aislando políticamente a los grupos civiles radicales subordinados al expresidente Evo Morales que insisten de manera ilegítima en interrumpir el libre tránsito. Evaluando los alcances de la negociación al salir del recinto oficial, el máximo secretario ejecutivo de la central obrera, Mario Argollo, aseveró contundentemente que: “A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”.
La concertación oficial contempla una hoja de ruta con plazos estrictos de 90 días para procesar las demandas gremiales legítimas, logrando desarticular el frente de protestas mediante la institucionalidad democrática y el diálogo constructivo. Mientras los sectores moderados depusieron las hostilidades, las facciones extremistas de la Federación Departamental de Campesinos y las células cocaleras del Chapare ratificaron su postura intransigente de estrangular las vías logísticas del país para desestabilizar la gestión del nuevo presidente de centroderecha. Con un firme llamado a deponer las actitudes desestabilizadoras que castigan a la población civil, el propio líder de la Central Obrera Boliviana increpó de forma abierta a las bases disidentes manifestando: “Les digo de manera muy fraterna a todos ustedes, acudamos al diálogo, no permitamos que nuestro país sufra más y no quedemos como los malos de la película”. Ante este panorama de firmeza democrática, el Ejecutivo avanza firmemente hacia la necesaria estabilización del orden social.
Los bloqueos de rutas en Bolivia provocaron pérdidas devastadoras calculadas por el sector productivo en 3.000 millones de dólares, además de causar el desabastecimiento crítico de combustibles, oxígeno medicinal y los insumos de la canasta básica familiar. La violencia y la obstrucción de vías promovidas por los piquetes afines al socialismo evista dejaron un saldo trágico de al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 perdieron la vida debido a la imposibilidad de recibir asistencia hospitalaria de emergencia por los cortes de carreteras. Justificando la desmovilización como un acto de cordura frente a las demandas de los gremios afectados que exigían mano dura legal, el representante Argollo, puntualizó que su accionar “buscó evitar un derramamiento de sangre y la eventual declaración de un estado de excepción”. No obstante, la firmeza gubernamental permitió que los puntos de obstrucción disminuyeran drásticamente de 102 reportados a inicios de mayo a solo 46 focos remanentes este viernes.
Pese al boicot focalizado de las organizaciones indígenas Túpac Katari en la región andina, las fuerzas de seguridad proyectan una progresiva normalización del tránsito en las rutas estratégicas de los cinco departamentos afectados en las próximas horas. La administración de La Paz ratificó que mantendrá los canales de negociación abiertos, pero sin ceder ante chantajes políticos que vulneren el estado de derecho o alteren el cronograma democrático de la república. Resaltando el triunfo de la legalidad institucional sobre la coacción de las calles, el presidente Rodrigo Paz concluyó con un mensaje de unidad nacional durante la rúbrica del documento señalando que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”. Con esta victoria política, el Gobierno reafirma las bases para asegurar la reactivación productiva y la definitiva estabilización del orden social.
