Red de extorsión en el DNP usaba fallas en la plataforma para congelar obras regionales
Los bloqueos en la OCAD Paz luego de un importante fallo en sus sistemas y un presunto esquema de extorsión a mandatarios regionales sembraron la alerta en Bogotá, luego de que los representantes de la Veeduría Ciudadana por la Transparencia de las Regalías interpusieran una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría General de la Nación. La denuncia apunta directamente a Diana Margarita López Riaño, subdirectora de Gestión de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), acusada de liderar una supuesta red encargada de frenar proyectos clave de infraestructura y desarrollo. Los voceros de la organización señalaron que “no se estaría ante simples errores de sistema”, sembrando la sospecha de que estos cortes del servicio son provocados intencionalmente para acorralar institucionalmente a los gobernantes de todos los territorios a nivel nacional.
El modus operandi expuesto en el documento revela cómo las constantes fallas en la plataforma digital se convertían en la herramienta perfecta para someter a los alcaldes y gobernadores de las zonas más vulnerables del país. De acuerdo con el reporte de la veeduría, los proyectos legítimos entraban en un laberinto insostenible de silencios administrativos y registros congelados que buscaba desesperar a los mandatarios regionales. En medio de esta asfixia institucional, la funcionaria implicada presuntamente contactaba a los afectados para insinuarles de forma directa que “existen otros métodos” ilegales para destrabar los recursos económicos, abriendo paso a intermediarios y asesores corruptos.
La gravedad jurídica de estos bloqueos en OCAD Paz motivó la exigencia de aplicar con urgencia el artículo 38 y 39 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), normas que prohíben explícitamente a cualquier servidor público retrasar los trámites o recibir beneficios económicos. Los denunciantes de la veeduría argumentan que se estructuró un perverso e intolerable “mercado clandestino de viabilidades” donde los dineros públicos del Sistema General de Regalías terminaron condicionados a cobros privados. Por esta razón, el organismo solicitó formalmente una inspección forense digital a las bitácoras y registros de direcciones IP de la entidad, con el fin de compulsar copias penales inmediatas ante la Fiscalía General de la Nación.
Este escándalo golpea con dureza a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los cuales dependen enteramente de estos recursos estatales para financiar acueductos, escuelas y vías rurales. Al analizar el panorama, la opinión pública especula que las recurrentes fallas en la plataforma podrían responder a una manipulación intencional del código y los accesos de administrador para consolidar este peaje clandestino. Para evitar que la evidencia digital sea borrada u ocultada, la veeduría exigió la suspensión provisional de López Riaño, advirtiendo que “cada peso exigido clandestinamente representa menos inversión” para el desarrollo y la paz de las comunidades históricamente excluidas del territorio nacional.
Peticiones urgentes de la veeduría ciudadana:
- Suspensión provisional inmediata de la funcionaria denunciada para evitar alteración de pruebas.
- Inspección forense independiente sobre los sistemas informáticos y servidores del DNP.
- Protección y reserva para los alcaldes y gobernadores que rindan declaración en el proceso.
