Angelo Becciu es un cardenal italiano de 76 años que en 2023 fue condenado formalmente a 5 años y 6 meses de cárcel por delitos financieros. Fue el primer religioso con ese rango en ser juzgado por un tribunal penal del Vaticano. Pero antes, en 2020, Francisco le había quitado sus “derechos asociados al cardenalato” tras conocerse el escándalo.
Se comprobó que había comprado un edificio en el corazón londinense, en Sloane Avenue, una antigua sede de las galerías Harrods en el exclusivo barrio de Chelsea. Pero, además, durante el proceso surgieron otros delitos financieros, como donaciones de 125 mil euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, su lugar natal, y que en ese momento presidía uno de sus hermanos.
Así y todo, el suspendido cardenal salió públicamente a exponer una autodefensa recurriendo a un vericueto interpretativo: reconoce la pérdida de sus “derechos” pero aduce que el fallecido Papa no le suspendió sus “deberes” como cardenal, entre los cuales está la elección de un nuevo pontífice.
“El Papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia explícita por escrito”, declaró ayer Becciu al diario Unione Sarda.
Ante el nuevo escándalo, la oficina de prensa del Vaticano aseguró que todos los cardenales pueden participar en las congregaciones, las reuniones preparatorias, pero que otra cosa es entrar en el cónclave en la Capilla Sixtina.
