Ministerio de Hacienda frena la votación del Oriente antioqueño
La consulta popular de San Nicolás, programada originalmente para celebrarse este domingo 9 de noviembre de 2025, ha sido suspendida de manera oficial en los ocho municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño. La Registraduría Nacional del Estado Civil tomó la determinación de frenar el proceso electoral debido a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no transfirió los fondos presupuestados para la jornada que decidirá la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Los ciudadanos de esta subregión debían acudir a las urnas para decidir sobre la constitución de un esquema asociativo, pero la falta de presupuesto impidió el despliegue logístico necesario.
El revés financiero desató inmediatas reacciones políticas y administrativas en el departamento. Eugenio Prieto Soto, quien se desempeña como director de Planeación departamental de la Gobernación de Antioquia, criticó duramente al Ejecutivo central al afirmar que “lamentablemente debemos informarles que el Presidente Petro nuevamente le incumple a Antioquia”, añadiendo además que “su Ministerio de Hacienda y Crédito Público no giró los recursos asignados para la realización de la consulta popular”. El funcionario argumentó que la retención de los fondos vulnera de forma directa el derecho constitucional a la participación política de la población. Con esta parálisis, la esperada votación del Oriente Antioqueño queda bajo una profunda incertidumbre institucional a la espera de una nueva fecha en el calendario.
La parálisis de la consulta popular de San Nicolás ocurre a pesar de que la justicia falló inicialmente en favor de las regiones organizadas. La Jueza Sexta de Familia de Oralidad de Medellín ordenó formalmente al Ministerio de Hacienda enviar la suma exacta de 6.858 millones de pesos requeridos para garantizar los comicios, otorgando un plazo determinado de 48 horas. Prieto Soto detalló las acciones legales previas explicando que “una jueza de la República debió amparar mediante mecanismo de tutela los derechos fundamentales de ustedes los ciudadanos y ciudadanas del Oriente”, recursos económicos que aún no se ven reflejados en las cuentas del organismo electoral.
Ante el mandato judicial en primera instancia, el Gobierno nacional interpuso un recurso de impugnación, trasladando el litigio al Tribunal Superior de Medellín para una resolución definitiva en segunda instancia. Pese a este bloqueo legal y financiero, la Gobernación de Antioquia insistió en que el proceso “sigue firme” porque en el fondo de la discusión “está en juego la democracia y la autonomía territorial”. La viabilidad técnica de reactivar la votación del Oriente Antioqueño dependerá exclusivamente de que el Gobierno central libere las partidas monetarias obligadas por el juzgado, paso previo indispensable para que la Registraduría fije un nuevo cronograma para conformar el Área Metropolitana.
