Un reciente informe de la Auditoría General de la República revela que durante el periodo de Carlos Felipe Córdoba al frente de la Contraloría General de la República (CGR), se lograron recuperaciones por 51,7 billones de pesos gracias al fortalecimiento del control fiscal preventivo, luego de la implementación del Acto Legislativo 04 de 2019.
Qué estableció el informe
El Acto Legislativo 04 de 2019 le otorgó mayores facultades a la Contraloría: permitió un fortalecimiento institucional y operativo del control fiscal preventivo y concomitante.
Esa reforma se tradujo en un aumento de recursos asignados a la CGR. Por ejemplo, el presupuesto definitivo de la entidad fue de 0,63 billones de pesos en 2018, mientras que en 2024 alcanzó los 1,45 billones, equivalente al 0,28 % del Presupuesto General de la Nación, lo que representa un incremento superior al 130 %.
En 2018 se auditaban unos 458 mil millones de pesos, cifra que para 2024 se elevó a cerca de 1.158,95 billones de pesos en los recursos auditados.
Resultados destacados
Se identificaron 864 proyectos y obras civiles que fueron reactivados, intervenidos, entregados o resarcidos, generando una recuperación en la protección del patrimonio público de 51,7 billones de pesos.
En la primera administración del nuevo escenario legal (2018-2022), se hicieron seguimientos a 5.966 proyectos estratégicos de alto impacto nacional, lo cual marcó “un punto de inflexión en la forma de ejercer el control fiscal”.
Importancia del control fiscal preventivo
El informe de la Auditoría resalta que incorporar los controles preventivos y concomitantes —no solo los correctivos— permite detectar irregularidades antes de que se “consoliden” los daños al patrimonio público. También enfatiza que esto no sólo implica supervisar tras los hechos, sino intervenir oportunamente para proteger los recursos del Estado.
