El borrador del decreto de emergencia económica que prepara el Gobierno de Petro propone un paquete tributario que sacudiría transacciones y consumo desde 2026. El texto preliminar eleva el gravamen a los movimientos financieros del actual 4×1.000 al 5×1.000 para el año gravable 2026 y plantea cambios al impuesto al consumo sobre licores, vinos, aperitivos y productos similares; según el articulado, el hecho generador será el consumo de bebidas con más de un grado alcoholimétrico dentro de la jurisdicción de los departamentos. Las medidas, incluidas en la figura excepcional de emergencia, buscan aumentar el recaudo fiscal en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, pero ya son leídas por críticos como la reforma tributaria encubierta que evadiría la negativa del Senado ante la reforma original.
Sectores económicos y voces públicas reaccionaron con dureza, y calificaron la iniciativa como una reforma tributaria encubierta que afecta confianza e inversión. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que “no hay razones para decretar una emergencia económica” y consideró la medida “una medida altamente desleal con la sociedad colombiana”. El economista José Ignacio López describió la jornada como “un viernes negro en lo fiscal” y alertó sobre una emisión privada por 23 billones de pesos a tasas cercanas al 13%. El exministro José Manuel Restrepo fue aún más crítico y sostuvo que “eso es manosear la figura constitucional de la emergencia económica”, advirtiendo riesgos en la prima de riesgo y en el costo de la deuda.
El impacto directo sobre bebidas alcohólicas preocupa por su efecto en precios y consumo, y por eso el borrador dedica un capítulo a ese sector. Para 2026 el documento fija un componente específico de 750 pesos por cada grado alcoholimétrico calculado sobre unidades de 750 centímetros cúbicos (o su equivalente), más un componente ad valorem del 30%, lo que elevaría la carga tributaria total sobre licores y, en consecuencia, su precio final al consumidor. Ese encarecimiento modificaría patrones de demanda, presionaría la inflación en bienes sensibles y afectaría a productores, distribuidores y puntos de venta. Por ello, analistas advierten que la medida, incluida en el marco del decreto de emergencia económica, tendría efectos inmediatos en el costo de vida.
La filtración del borrador abrió un debate político y jurídico sobre la conveniencia de usar la emergencia para cambios fiscales y sobre la legitimidad de una supuesta reforma tributaria encubierta. Al ser aún un proyecto preliminar, los artículos podrían ajustarse antes de su eventual expedición, pero la sola posibilidad de su aprobación ya tensiona la agenda económica: Cuestiona la transparencia del Gobierno, plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal y anticipa efectos sobre inversión, empleo y crecimiento. Mientras tanto, el país enfrenta la discusión sobre si la figura constitucional de emergencia es el camino adecuado para introducir tributos que afectan a sectores sensibles y al bolsillo de los ciudadanos.
