Implicaciones legales por el traslado de recursos pensionales
Una demanda de Paloma Valencia, senadora y aspirante a la presidencia, fue presentada formalmente ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular la normativa que pretende movilizar el capital de los trabajadores hacia el sector público. La legisladora sostiene que estos activos pertenecen exclusivamente a quienes migraron de régimen pero aún no alcanzan la edad de retiro, calificando la intención del Gobierno como un acto de gravedad extrema. Según expresó la congresista Valencia, “esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos”, subrayando que la propiedad de dichos fondos no debe ser vulnerada por decisiones administrativas unilaterales.
El foco de la controversia jurídica radica en que el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones no fue una disposición autorizada ni contemplada por el poder legislativo durante la reciente aprobación de la reforma al sistema. Valencia enfatiza que las administradoras de fondos privados tienen la obligación legal de custodiar estos ahorros hasta que cada afiliado cumpla los requisitos de ley para su jubilación. En sus declaraciones, Valencia cuestionó la urgencia del Ejecutivo al afirmar que “quieren tomar 25 billones de pesos en plenas elecciones”, lo que a su juicio compromete la transparencia del proceso.
Dentro de la demanda de Paloma Valencia se destaca el manejo de una cifra cercana a los 25 billones de pesos, monto que constituye el núcleo de la evidencia técnica sobre el impacto económico de la medida. Como parte de la estrategia legal, incluyó una solicitud de medida cautelar para congelar los efectos del decreto de forma inmediata mientras se resuelve su validez jurídica. La senadora argumenta en su escrito que, de permitir la ejecución de la norma, se produciría un “perjuicio irreversible sobre los ahorros de los ciudadanos involucrados”, alterando la destinación específica de sus aportes mensuales.
La dirigente proyecta con esto que forzar este traslado de recursos pensionales sin esperar un fallo definitivo de la Corte Constitucional generaría una crisis de desconfianza masiva en el modelo de previsión social. Al “modificar las reglas de juego para millones de afiliados”, se pone en riesgo la estabilidad del proceso de transición derivado de la nueva legislación pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. El cierre de esta disputa queda ahora en manos de la justicia administrativa, que deberá determinar si el decreto vulnera los derechos de propiedad de los cotizantes colombianos.
En un mensaje directo a la ciudadanía, la candidata presidencial Paloma Valencia reforzó la importancia de la demanda contra el decreto de Petro como una herramienta para evitar el endeudamiento de las futuras generaciones. La legisladora lanzó una advertencia clara al pedirle a los trabajadores que se avíspen, «porque Petro ya le va a echar mano» a su capital, señalando que el Gobierno busca tomar los 25 billones de los fondos de pensiones y «gastárselos en vísperas electorales, tu plata, la de tus pensiones«. Según la candidata, esta maniobra financiera está diseñada para que los hijos sean los que tengan que pagar una deuda impagable, por lo que la vía judicial ante puesta es necesaria para que «no le sigan metiendo la mano en los bolsillos a los colombianos«.
