Un contraste de 10 años entre las respuestas de Devimed y el gobierno central
Un derrumbe en una de las principales arterias viales en el oriente del país ha expuesto la diferencia abismal en capacidad de respuesta e interés del gobierno nacional en contraste con el sector privado especializado. El derrumbamiento en San Luis, propiamente en la vía El Santuario – Caño Alegre dentro del departamento de Antioquia, ha dejado en claro que la administración de Gustavo Petro no solo carece de los medios para brindar soluciones efectivas a las eventualidades, sino que no tiene el interés por hacer realidad dichas soluciones. Genera un gran contraste los recursos destinados por el gobierno, que se ha traducido en 8 volquetas para retirar los restos del derrumbe, contra las más de 100 volquetas, retroexcavadoras y cargadores que dispuso el concesionario vial Devimed en 2016 para una contingencia similar en 2016 que bloqueó por completo el tránsito por la autopista principal Medellín – Bogotá. Mientras que la región enfrenta una asfixia vial causada por el bloqueo en San Luis junto con las pocas alternativas accesibles para el tránsito en la región, se ha generado en los locales un gran sentimiento de inconformidad y protesta entre todos aquellos que se han visto prácticamente aislados del resto del país.
El derrumbamiento en San Luis ha afectado no solo el tránsito de los locales; transportistas de bienes y prestadores de servicios se han visto confrontados con pérdidas millonarias en mercancías perecederas que no lograron llegar a tiempo por las carreteras que evaden el bloqueo, insumos de primera necesidad han visto sus precios encarecidos y el trabajo en la región se ha visto drásticamente mermado tanto por trabajadores que no pueden trasladarse hasta sus puestos como por la propia industria del transporte que no puede asumir el paso por vías alternativas bajo los mismos costos. Mientras el gobierno nacional no solo atiende con lentitud la situación, sino que no destina los recursos para la búsqueda de apoyo adicional en empresas locales, la colectividad reclama. En la región existen empresas privadas preparadas para no solo la atención de estas situaciones, sino para el mantenimiento y conservación de algo tan vital como son las vías de transporte y acceso de cada uno de los municipios.
El caso de 2016 de la autopista Medellín – Bogotá vuelve a la conversación por cómo el concesionario vial Devimed tuvo la capacidad de respuesta que el gobierno central no, y la ciudadanía exige que si no existe la disposición de los altos cuerpos del Ejecutivo encargados de estas vías por mantener su transitabilidad, le otorguen la responsabilidad a cuerpos privados competentes que no solo muestran su capacidad de solución, sino que tienen verdadero interés local en mantener la estabilidad vial siendo que son los mismos caminos que su propia gente recorre todos los días.
