Una decisión disciplinaria en primera instancia emitida por la Procuraduría General de la Nación provocó una nueva controversia en el panorama político de Medellín. El órgano de control disciplinario sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años para ejercer funciones públicas a Juan Pablo Ramírez Álvarez, que se desempeñó como secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.
La medida se fundamenta en una presunta coacción ejercida sobre funcionarios de la Alcaldía de Medellín, a quienes, según el fallo, se les habría exigido aportar parte de su salario para financiar actividades políticas ligadas a la Corporación el futuro se parece a nosotros, asociada al movimiento político del exmandatario local.
El documento disciplinario también contempla sanciones similares para otros dos exfuncionarios de esa misma administración: Juan Daniel Pulgarín Correa, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, exsubsecretario de la Secretaría de Suministros y Servicios; ambos fueron destituidos e inhabilitados por 12 años, tras determinarse que ejercieron sus funciones con una finalidad distinta a la prevista legalmente, en concordancia con lo establecido por el Código General Disciplinario.
Según los hallazgos del ente de control, las conductas sancionadas se catalogan como ‘faltas gravísimas’, cometidas a título de ‘dolo’, es decir, con conocimiento y voluntad de la irregularidad.
En el caso específico de Ramírez, se estableció que “usó su posición como jefe de cartera para presionar a subalternos a respaldar económicamente una causa política”, de acuerdo con el fallo.
