La Guardia Civil detuvo en la mañana del Jueves a Laura García de Viedma, conocida en el convento como sor Isabel, acusada de contrabando de obras de arte pertenecientes a la Iglesia Católica. El ingreso de los agentes al monasterio de La Bretonera en Burgos, el más mediático del país, se produjo tras un registro que buscaba esclarecer la supuesta venta irregular de bienes catalogados como patrimonio histórico; la investigación apunta a que la religiosa intentó comercializar piezas artísticas del convento para financiar la compra de otro inmueble religioso.
Las autoridades sostienen que la detención responde a indicios de una operación lucrativa camuflada bajo un cisma religioso. Según la investigación, sor Isabel lideró un grupo de monjas que abandonó la obediencia al Vaticano para seguir las enseñanzas de Pablo de Rojas, fundador de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, organización actualmente catalogada de secta; las autoridades sospechan que ese giro doctrinal sirvió de cobertura para intentar vender el monasterio de Derio y reunir fondos con los que adquirir el vecino monasterio de Orduña en Vizcaya. En el registro también fue arrestado un anticuario presuntamente implicado en la compraventa de las piezas.
El caso se enmarca en un conflicto más amplio que incluye excomuniones, denuncias y procesos civiles y penales. El Juzgado de Briviesca mantiene diligencias previas tras una denuncia anónima y la ex abadesa afronta al menos tres causas penales adicionales: La venta de casi dos kilos de oro por un valor de 130.000 euros, el intento de enajenar el monasterio de Derio, y otras maniobras vinculadas a la gestión patrimonial de la comunidad. Mientras tanto, hasta diez monjas han sido excomulgadas y varias intentaron registrar los conventos como entidades independientes para operar sin control de la Santa Sede.
Fuentes eclesiásticas y judiciales sitúan el origen del conflicto en una mezcla de ambición inmobiliaria y pugna por el poder interno. Las diócesis implicadas sostienen que Pablo de Rojas y la ex abadesa promovieron una operación inmobiliaria sin el consenso de la congregación; la congregación de las Clarisas de Vitoria reclama el incumplimiento de un contrato de compraventa por 1.2 millones de euros y exige el pago de cuotas que nunca se materializaron. Con la detención de Laura García de Viedma, las autoridades esperan esclarecer si el cisma religioso encubría una trama de apropiación y tráfico de patrimonio eclesiástico.
