Revelan exorbitantes costos de la protección estatal a Guerrero en el Congreso
El controvertido Esquema de Juliana Guerrero le costó al Estado una alta suma de dinero durante año y medio, según explicó el director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. El funcionario confirmó ante los congresistas las cifras aprobadas por el gobierno anterior para la joven que falsificó títulos universitarios con el fin de acceder a un viceministerio durante el gobierno de Gustavo Petro. Al respecto, Didier Blanco, director de la UNP, explicó la auditoría señalando que «el monto corresponde al esquema definido tras un estudio de riesgo elaborado para la entonces protegida».
Las medidas de protección asignadas a la procesada fueron suspendidas mientras enfrentaba las acciones judiciales por la falsificación de sus documentos. Esta decisión de la UNP se dio como «una revisión de las medidas de protección y de las condiciones de riesgo de personas que recibieron dispositivos de seguridad durante el gobierno de Gustavo Petro». En medio de estas investigaciones, la justicia avanzó hasta que la Fiscalía General de la Nación la acusó formalmente el pasado 9 de septiembre, fecha en la que llegó a un acuerdo de tres años de prisión, pendiente de definir si tendrá la pena suspendida. Antes, el 27 de julio, la exfuncionaria renunció a su puesto en el Consejo Superior de la Universidad del Cesar, con lo que se cerró su vinculación pública y se garantizó que la protección estatal a Guerrero terminara de forma definitiva.
La evaluación presentada en el Congreso muestra que la inversión total en el Esquema de Juliana Guerrero fue de 739 millones de pesos, en un periodo que va desde marzo de 2025 hasta septiembre de 2026. Sobre los detalles operativos, Didier Blanco, jefe de la Unidad Nacional de Protección, aclaró ante los congresistas que «la información detallada sobre los componentes del dispositivo permanece bajo reserva legal».
Antes de perder el beneficio, la exfuncionaria habría hecho gestiones para mantener la protección del Estado. Una grabación conocida el 6 de agosto de 2026 mostró gestiones para cambiar su perfil ante la entidad encargada de la seguridad pública. En el audio atribuido a la procesada, ella dijo: «Vale, mire, es que acabo de recibir un mensaje del señor presidente que le envió Augusto Rodríguez para, me imagino, cambiar como mi tipo de cosas, no sé… funcionaria, sino activista y líder política, para poder justificar mi esquema y reforzármelo». Ante este hecho, Wilson Devia, presidente del Sindicato de la UNP y las Uniones Temporales UT-UNP, presentó el 4 de agosto una denuncia ante la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, el procurador Gregorio Eljach Pacheco y la Comisión de Acusaciones contra Augusto Rodríguez, Nancy Yolima Rumie Guevara (presidenta del Cerrem) y el presidente Petro, poniendo en duda la transparencia con la que se manejó la protección estatal a Guerrero y posibles redes de tráfico de influencias.
