Contraloría advierte sobre una deuda impagable con el país por incumplimientos en la entrega de bienes.
Un informe reciente de la delegada para el sector Justicia de la Contraloría reveló que las FARC no cumplieron los acuerdos pactados en el Acuerdo de Paz de 2016, dejando una diferencia sustancial entre los activos reportados y los efectivamente entregados al Estado. El seguimiento documenta que las antiguas FARC declararon tener hasta 12.070 millones de pesos en efectivo, pero solo han aportado poco más de 2.100 millones de pesos, y plantea dudas sobre la capacidad de la implementación para garantizar verdad y reparación a las víctimas.
La Contraloría enmarca su verificación en la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ejecutar sentencias que ordenan la reparación material de las víctimas; sin embargo, la entidad advierte que la situación configura una deuda impagable con el país frente a las necesidades estimadas. “Dentro de los componentes de las sentencias, se encuentra el restaurativo y reparador, el cual, según cálculo estimativo de la Jurisdicción Especial, requiere 121.858 millones de pesos, de los cuales solo hay disponibles 20 mil millones de pesos para el 2026”, señala el comunicado de la Contraloría.
Los hallazgos detallan discrepancias concretas en rubros clave: “De los 440.020 gramos de oro, solo han entregado 252.500 gramos”, y “Aunque las extintas FARC aseguraron entregar más de 24.000 semovientes, a la fecha solo hicieron la entrega de 258 unidades”. Además, de 51.992 muebles y enseres reportados, el Estado solo registra 1.830; de 722 inmuebles prometidos, solo uno ha sido entregado; y de 319 medios de transporte, 31 pasaron a administración estatal. El único rubro completamente transferido fueron los 450.000 dólares estadounidenses declarados por la antigua guerrilla, lo que remarca como las FARC no cumplieron los acuerdos suscritos.
La conclusión de la Contraloría es contundente y plantea riesgos para la justicia transicional: “Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación”. Frente a este panorama de una deuda impagable por los responsables, las autoridades encargadas de la SAE, la Unidad para las Víctimas y la JEP enfrentan el desafío de cerrar la brecha entre compromisos y entregas, garantizar la reparación material y evitar que la implementación del acuerdo quede socavada por la insuficiencia de recursos y activos.
