Fna Aprueba Traslado De Utilidades Al Tesoro Nacional: 800.000 Millones De Pesos En Discusión Por Medida Del Gobierno Petro Sin Amparo Legal

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aprobó, por votación de 4 a 2, el traslado de parte de sus utilidades al Tesoro Nacional, una decisión que moviliza reservas cercanas a los 800.000 millones de pesos y que busca supuestamente reforzar el presupuesto para programas sociales. La medida, adoptada tras semanas de debate y sesiones aplazadas, fue impulsada desde el Grupo Bicentenario, un fondo que representa intereses financieros del estado, y autorizada por la junta directiva del FNA; fuentes señalan que la orden de concretar el traslado llevaba días circulando entre los miembros.

La aprobación desató críticas y advertencias sobre presiones políticas y riesgos para la misión social del Fondo. La votación se resolvió tras una intensa discusión del tema. Mientras, el ministro de Hacienda defendió la operación como un mecanismo para “alinear la gestión financiera del FNA” con las prioridades presupuestarias y supuestamente permitir inversión en programas del plan de desarrollo; una jugada que buscaría llenar las arcas del Estado, vaciadas en el desfalco del gobierno de Petro que actualmente atraviesa una crisis de financiamiento a la par que se prepara para iniciar una gestión de campaña por el venidero proceso electoral. En contraste, la abogada Gloria Osorio alertó sobre la forma en que se ejecuta la maniobra: “El FNA no es un cajero del Ejecutivo. Son ahorros de los colombianos, no un salvavidas fiscal ni una chequera de campaña”. El politólogo Mateo Amaya Quimbayo advirtió que la falta de claridad en los montos mantiene el asunto abierto y subrayó el efecto reputacional: “Cuando un gobierno expropia fondos de los colombianos, con la excusa de usarla en gasto estatal, les está dando el mensaje de que saquen sus dineros de esas entidades expropiadas”.

El marco normativo y las consultas regulatorias marcan el límite de la maniobra. El artículo 63 de los estatutos del FNA exige que la distribución de utilidades pase por la Asamblea de Accionistas y que primero se constituyan reservas legales y ocasionales; además, las utilidades derivadas de la administración de cesantías no pueden distribuirse, por lo que solo los excedentes no asociados a la seguridad social serían susceptibles de traslado. La junta solicitó conceptos a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Sociedades para precisar qué porciones de los 800.000 millones de pesos pueden realmente transferirse, y la definición de montos concretos quedó pendiente para próximas reuniones.

El debate abre interrogantes sobre la sostenibilidad operativa del FNA y la confianza de los afiliados. Voces críticas señalan que la medida rompe con la tradición del Fondo de reinvertir utilidades para fortalecer su patrimonio y ampliar la oferta de créditos, lo que podría mermar su capacidad operativa. Otros advierten sobre el riesgo político en etapa preelectoral y la necesidad de respetar barreras de control corporativo. Con la transferencia en marcha pero sin cifras finales, el foco ahora está en los conceptos jurídicos que definan el alcance del giro y en la respuesta de supervisores, accionistas y beneficiarios ante una decisión que podría sentar un terrible precedente que sería el punto de partida para la apropiación de recursos ajenos al estado de manera arbitraria.