Detalles del preacuerdo tras el escándalo de títulos falsos
La investigación por Fraude procesal de Juliana Guerrero tomó un nuevo rumbo este miércoles en Bogotá, luego de que la implicada aceptara su responsabilidad penal ante un juez de conocimiento tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Durante la audiencia pública, la fiscal del caso, Jessica Montealegre, explicó que la procesada conocía el origen irregular de los documentos que presentó y señaló que «Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aun así decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad». Con este acuerdo, la exfuncionaria buscó obtener una reducción en su sanción penal después de haber ganado reconocimiento nacional por su aparición en un consejo ministerial televisado.
El origen del caso está en la entrega irregular de dos diplomas, uno como tecnóloga y otro como contadora pública, por parte de la Fundación Universitaria San José. Aunque la joven buscaba validar ocho semestres cursados en una institución educativa del Cesar, la representante de la Fiscalía señaló que «Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes». Esta situación dio paso a un amplio escándalo de títulos falsos dentro de la administración pública y llevó a la investigada a cambiar la posición de inocencia que había sostenido inicialmente ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia, Guerrero reconoció sus actuaciones y manifestó «admito que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo».
Las condiciones del acuerdo y las sanciones quedaron definidas después de que la Fiscalía cambiara la participación atribuida a la procesada. Para agilizar el proceso, la entidad pasó su condición de autora a cómplice en el caso de Fraude procesal de Juliana Guerrero. La fiscal Montealegre explicó que «Aceptó los términos de la negociación así como los cargos en la formulación de imputación refrendados en el escrito de acusación por el delito de fraude procesal. En tal sentido, la Fiscalía para hacer más eficiente y ágil la administración de justicia aplicó en favor de Juliana Guerrero la degradación de su grado de participación de autora a cómplice». El acuerdo establece una pena de 36 meses de prisión, una inhabilidad de dos años y medio para ejercer funciones públicas y una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes.
El acuerdo recibió la aprobación del procurador delegado y de Juan David Bazanni, representante legal de la institución universitaria. Además, el abogado defensor Felipe Alzate destacó la importancia de este tipo de acuerdos dentro del proceso judicial. Durante la diligencia, Guerrero ofreció disculpas públicas y expresó: «Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor, que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente y a la Universidad San José; a su fundador, Francisco Pareja; a su vicerrectora académica, Estefany Camacho; y a su rectora, Romelia Ñuste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto». Por este mismo escándalo de títulos falsos, Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución educativa, ya cumple una pena de tres años de cárcel por el delito de falsedad en documento público relacionado con la tramitación de los diplomas fraudulentos.
