La Gobernación de Antioquia denunció la muerte de dos jóvenes en Anorí, ocurrida tras la activación de una mina antipersonal sembrada por un grupo armado ilegal en zona rural del municipio. El gobernador Andrés Julián Rendón expresó su solidaridad con las familias afectadas y manifestó el compromiso del Gobierno de Antioquia para mitigar estas situaciones de violencia.
El mandatario responsabilizó al Gobierno Nacional por la creciente violencia en la región, argumentando que la política de «Paz total» y los ceses al fuego han permitido que grupos armados ilegales se fortalezcan y siembren minas que afectan a civiles inocentes. «La violencia se ha agravado en los últimos años porque infortunadamente les han dado licencia para delinquir a los criminales», afirmó.
La Gobernación de Antioquia anunció que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la comunidad internacional esté vigilante sobre la situación de orden público en el país. El secretario de Seguridad, Justicia y Paz, general (r) Luis Eduardo Martínez, hizo un llamado al presidente de la República y al ministro de Defensa para que tomen medidas contundentes y permitan un desminado humanitario en la zona.
La zona donde ocurrió el incidente es escenario de enfrentamientos regulares entre estructuras del ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, lo que ha generado un aumento en la siembra de explosivos improvisados que afectan a la población civil. «Los unos, para evitar la persecución de los otros, se dedican a sembrar explosivos improvisados de manera indiscriminada que resultan afectando a la población civil», explicó Martínez.
El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, había solicitado previamente más apoyo militar para la zona, pero no ha obtenido respuesta efectiva del Gobierno nacional. La comunidad internacional está siendo llamada a intervenir para documentar las violaciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario en la región .
