El Consejo de Estado le ordenó al Gobierno expedir, en un plazo de ocho días, un nuevo decreto temporal que fije el salario mínimo para 2026, luego de dejar sin efectos el aumento que había sido anunciado previamente.
La medida busca evitar un vacío jurídico mientras se estudia la legalidad del ajuste. El incremento suspendido, decretado a finales de 2025, contemplaba una subida cercana al 23 %, con un salario de $1.750.905 más $249.095 de auxilio de transporte.
El tribunal también exigió que la nueva decisión esté respaldada con una explicación técnica clara sobre los criterios utilizados para definir la cifra.
