Los sobrevuelos en helicóptero sobre la Piedra de El Peñol y el embalse de Guatapé provocaron una oleada de quejas y terminaron con la suspensión y reubicación ordenada de dos helipuertos. Más de 1.000 habitantes de la zona denunciaron desde 2019 molestias por ruido, afectación a la intimidad, la seguridad y la calidad de vida, y elevaron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia que ahora fue confirmada por el Consejo de Estado.
El fallo obliga a cesar operaciones y a trasladar instalaciones en plazos concretos. El tribunal ordenó el cierre temporal del punto de aterrizaje conocido como La Piedra y exigió que Helitours S.A.S. y Helisur S.A.S. trasladen en seis meses el helipuerto ubicado en el kilómetro 10 de la vía El Peñol Guatapé, (Hotel Los Recuerdos) hacia una ubicación permitida por el Plan de Ordenamiento Territorial de Guatapé; advirtió además que, si no se cumple, la clausura será definitiva. El fallo delega al alcalde la verificación y materialización del cumplimiento y ordena a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) suspender de inmediato cualquier proceso si no otorgó permiso correspondiente.
El criterio jurídico se sustentó en la protección de derechos colectivos y en límites de ruido aplicables a zonas residenciales y turísticas. En 2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que la operación de los helipuertos vulneró derechos al goce de un ambiente sano, a la tranquilidad, a la intimidad y a la seguridad de la vereda La Piedra, porque los niveles de emisión y ruido superaban los máximos permisibles para áreas destinadas a vivienda, hotelería y hospedaje.
La decisión abre debate sobre turismo, regulación y convivencia en Guatapé. La medida afectará la oferta de experiencias turísticas en helicóptero alrededor del embalse, obligará a operadores y autoridades locales a renegociar horarios, permisos y ubicaciones y plantea una hoja de ruta para conciliar actividad económica con protección ambiental y derechos comunitarios. Mientras tanto, la Alcaldía y la Aerocivil deberán aplicar controles temporales y acompañar el traslado o clausura según lo determine la ejecución judicial.
