La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por presuntas omisiones en la seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio del año pasado. Es la primera vez que un alto funcionario del actual Gobierno es llamado a responder penalmente por este crimen.
De acuerdo con el ente acusador, Rodríguez habría incurrido en el delito de prevaricato por omisión, al no atender solicitudes para reforzar el esquema de protección del dirigente del Centro Democrático. La solicitud de audiencia fue presentada por un fiscal de la Seccional Bogotá.
El abogado de la familia, Víctor Mosquera, ha insistido en que existió responsabilidad estatal y recordó que una decisión judicial concluyó que no se brindó la protección necesaria, pese a múltiples advertencias sobre el riesgo que enfrentaba el precandidato.
El proceso abre un nuevo capítulo en la investigación del magnicidio, mientras continúan las indagaciones para establecer responsabilidades.
