Una ausencia de Petro por una supuesta «gripa» hace un año derivó en un desembolso de 2.328 millones de pesos por la cancelación de un acto estatal que buscaba reconocer la responsabilidad del estado en los asesinatos de miembros de la “Unión Patriótica” (UP). Según la documentación del contrato, el evento original tenía un presupuesto aproximado de 3.700 millones de pesos y la infraestructura, artistas y público ya estaban acondicionados cuando se decidió la suspensión de último minuto por el “quebranto” del mandatario.
El contratista cobró los costos incurridos (tarimas, transporte, alimentación y contratos de personal) lo que explica el valor de 2.328 millones facturado. Ahora, al intentar reprogramar el acto un año después, el Gobierno ha recontratado la logística por más de 3.900 millones adicionales, lo que implica que la pérdida inicial se suma al nuevo gasto y duplica el desembolso destinado a una sola ceremonia de reconocimiento. La cancelación generó críticas por la gestión de recursos y la disciplina presidencial; sectores opositores y organizaciones sociales anunciaron que elevarán una solicitud formal a la Contraloría General de la República para que investigue si la millonaria pérdida está justificada y si procede sanción administrativa o financiera.
Además del foco fiscal, el episodio reabrió el debate sobre la narrativa histórica del reconocimiento: Hay cuestionamientos por centrar la responsabilidad solo en agentes estatales y omitir crímenes contra miembros de la UP atribuidos a grupos como las FARC. La atención ahora se concentra en si Gustavo Petro asistirá a la nueva fecha, puesto que una segunda cancelación ampliaría el impacto económico y político del caso y podría profundizar la exigencia de rendición de cuentas frente a la opinión pública.
