El impacto de la crisis en el archipiélago sobre la seguridad turística es remarcable.
La infraestructura turística de San Andrés y Providencia se encuentra bajo un intenso escrutinio tras los dramáticos sucesos registrados el pasado fin de semana en la zona de Yonequí. Mientras una fuerte marejada provocada por un frente frío azotaba la región insular, el proceso de desembarque de viajeros se transformó en una situación de emergencia crítica debido a la carencia de muelles funcionales en los cayos. Según relataron testigos presenciales en los registros audiovisuales del incidente, “las personas literalmente están al borde de la muerte” al intentar abandonar las lanchas en condiciones de oleaje extremo, evidenciando el vacío estatal en la protección de los visitantes que acuden a la región.
Este escenario de riesgo inminente es el síntoma de una profunda crisis en el archipiélago, donde la falta de estructuras adecuadas para el transporte marítimo ha derivado en múltiples lesionados y caídas accidentales. Durante la jornada de contingencia, las embarcaciones debieron ejecutar maniobras de evacuación desesperadas para rescatar a los turistas que quedaron atrapados en los islotes ante el aumento repentino del nivel del mar. Los afectados denunciaron en sus testimonios que “el riesgo es inminente cuando descienden de la lancha”, ya que la inexistencia de un puerto de calidad obliga a realizar maniobras de improvisación que comprometen la integridad física de nacionales y extranjeros por igual.
La indignación de la comunidad turística radica en la aparente malversación de los recursos recaudados, pues la infraestructura turística de San Andrés no refleja la inversión del canon de ingreso. Actualmente, cada visitante debe abonar cerca de 200.000 pesos por la tarjeta de turismo, bajo la promesa oficial de que estos tributos serán “invertidos en la misma isla” para garantizar su desarrollo y seguridad. Sin embargo, con una media de 1.1 millones de turistas anuales que generaron aproximadamente 168.000 millones de pesos en la última vigencia, el departamento carece de instalaciones cómodas que justifiquen el alto costo exigido para ingresar al territorio insular.
La actual crisis en el archipiélago responde a un desinterés administrativo que ha dejado al sector más importante del departamento a merced del deterioro ambiental y operativo. La inacción de las autoridades regionales y nacionales frente a la decadencia de los servicios básicos expone a San Andrés a un retroceso irreversible frente a otros destinos del Caribe. Los análisis sobre la problemática concluyen que el actual modelo de negocio “está destinado a desencadenar una tragedia que actualmente sigue siendo evitable”, siempre que se priorice la construcción de muelles seguros y se asuma la responsabilidad política de proteger la principal fuente de ingresos del departamento antes de una desgracia mayor.
