Se trata de Jorge Álvarez , ex personero de La Unión y quien actualmente es el inspector del trabajo de Rionegro por designación de Gustavo Petro
Un nuevo escándalo de cuenta de un despido arbitrario sobre dos mujeres en estado de embarazo, se conoció en el municipio de Rionegro.
En las mismas condiciones en que se presentó un hecho por el que hoy está en aprietos jurídicos y hasta con una orden de arresto el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, dos educadoras que prestaban sus servicios a través de un tercero, fueron despedidas por el contratista, quien a pesar de conocer el estado en que se encontraban ambas mujeres, decidió dar por terminado el vínculo laboral, argumentando que ya no tendrían más contratación con la entidad territorial que estaba pagando por sus servicios, con el agravante que dicho despido fue autorizado por el Inspector de Trabajo de Rionegro, Jorge Álvarez, quien al parecer, habría desconocido la ley que protege y ampara los derechos de las mujeres gestantes y sus “nasciturus” o futuros nacientes, y que obliga a las empresas tanto del sector público como privado, a preservar y garantizar la Estabilidad Laboral Reforzada, en pocas palabras, un fuero especial que cobija a las futuras madres durante el procesos de embarazo y dos meses después de la licencia de maternidad.
Lo que hoy sorprende y tiene en vilo a estas dos mujeres, quienes han argumentado incluso complicaciones derivadas del estrés, es que el propio representante del Ministerio del Trabajo y que fue designado por el Presidente Gustavo Petro, fuera quien autorizara dichos despidos. Uno de los casos incluso estaría amparado por una sentencia de un juez del municipio, quien ordenó al contratante, la reintegración laboral y una indemnización para la trabajadora, quien había interpuesto una acción de tutela que salió favorable y que fue ratificada por el Tribunal Superior de Antioquia.
Así las cosas la decisión del funcionario quien representa entre otras cosas al gobierno del Presidente y quien tiene en manos el futuro de miles de trabajadores en el Oriente Antioqueño, está en el ojo del huracán, pues las afectadas anunciaron medidas disciplinarias que también podrían tener afectaciones penales contra el funcionario, de llegar a comprobarse que hubo negligencia en su accionar, pues al parecer desconoció a todo caso las sentencias SU-070 del 2013 y SU-075 del 2018 que velan por los derechos de las mujeres en embarazo y la misma Constitución.
Veedores ciudadanos anunciaron también acciones, e incluso un plantón en las instalaciones de la Oficina del Trabajo ubicada en el quinto piso del Centro Comercial Parque Plaza en Rionegro, pues ya serían varias las inconformidades de otros trabajadores contra este despacho.
