Fiscalía activa investigación por presunta compra de votos
La captura de Luis Acuña Vega en Hatonuevo desató un escándalo electoral en La Guajira tras hallarse 145 millones en un vehículo con publicidad del Representante a la Cámara por Antioquia Daniel Restrepo. El detenido, escolta de la UNP asignado a Jaime Lacouture, portaba el efectivo y tarjetones electorales pedagógicos. El hecho activó una investigación por presunta compra de votos para determinar el uso de bienes públicos. La Policía incautó el material proselitista clave para el proceso penal que inicia en la zona, buscando establecer si el capital financiaba apoyos ilícitos en la venidera jornada electoral.
El escándalo electoral que vincula el dinero con el Partido Conservador se agrava por sobres con nombres de líderes con montos específicos, supuestamente siendo dirigidos a los nombrados. Entre los mencionados figuran Débora Barros, Kevin Cantillo y Rosa Pacheco. La investigación por presunta compra de votos analiza si estos fondos buscaban asegurar apoyos políticos en Riohacha, siendo que el perfil del escolta genera dudas sobre la supervisión de contratistas estatales en esquemas de protección. La Fiscalía busca trazar el origen de los cuantiosos recursos hallados en los sobres incautados, que sugieren una organización logística previa y coordinación con los destinatarios.
Daniel Restrepo negó nexos con el dinero, defendiendo la honestidad de su campaña al Senado. La UNP inició un proceso disciplinario, mientras los políticos y líderes sociales citados en los sobres rechazan vínculos con el detenido. Esta dualidad de versiones marca la investigación de un tono de escepticismo a menos de una semana de las elecciones, donde la defensa del partido alega un uso particular del vehículo ajeno al equipo oficial. El escándalo electoral en La Guajira exige transparencia absoluta para verificar los descargos, mientras líderes como Ghandy Romero aclaran que su apoyo político es ajeno al dinero hallado, marcando un distanciamiento del interés monetario.
La Fiscalía judicializará al capturado, centrando la investigación por presunta compra de votos en la procedencia de los fondos para determinar autores intelectuales. Este escándalo electoral resalta la fragilidad de las garantías democráticas regionales. El éxito del proceso dependerá de la trazabilidad del capital y la confirmación de supuestos acuerdos políticos. Se espera que la justicia actúe pronto para evitar que el caso afecte la legitimidad institucional, garantizando que el ejercicio del sufragio permanezca libre de coacciones económicas en los próximos comicios legislativos este 8 de marzo.
