Medidas de emergencia y debate público: Un paquete que incluye el gravamen a compras digitales pequeñas y reconfigura el comercio electrónico.
El Gobierno de Petro activó el Decreto 1390 de 2025, que le otorga poderes legislativos en el marco de la Emergencia Económica, para intentar recaudar 11 billones de pesos y reducir “un hueco fiscal” de 16.3 billones, pero la decisión golpea con especial dureza a los hogares de menores ingresos. En virtud del artículo 3 del decreto, la exclusión del IVA por tráfico postal y envíos rápidos quedará limitada en 2026 a importaciones cuyo valor no exceda los 50 dólares americanos (188.460 pesos actualmente), una caída drástica frente al umbral previo de 200 dólares (753.840 pesos). Este ajuste amplía el IVA para pequeñas compras en internet, una medida inmediata de recaudación que encarece millones de pedidos internacionales y altera la economía cotidiana de quienes compran artículos de bajo costo.
La norma se presenta como técnica, pero sus efectos son sociales y regresivos. El texto legal especifica: “La exclusión (…) será aplicable durante el año 2026 únicamente respecto la importación (…) cuyo valor no exceda de cincuenta dólares” (Decreto 1474 de 2025, Artículo 3), y el Gobierno justifica el cambio por el crecimiento del comercio minorista digital y el costo fiscal de la exención. Sin embargo, reducir el umbral a 50 dólares, un 25% de su límite original, transforma la inclusión del IVA para pequeñas compras en internet en un impuesto directo sobre el consumo popular; en la práctica, lo que antes alivió el bolsillo ahora se traduce en un sobreprecio proporcionalmente mayor para familias con menor poder adquisitivo.
Las cifras y sectores afectados muestran la amplitud del impacto. Además del comercio electrónico, el paquete grava licor, cigarrillos, patrimonio, sector financiero, apuestas en línea y extracción de hidrocarburos; pero es en las compras por internet donde el cambio es más visible para el consumidor promedio. Millones de envíos que antes entraban libres de IVA pasarán a pagar impuesto desde 2026, y ese efecto se suma a la inflación y la pérdida de salario real, agravando la carga sobre quienes menos pueden absorber aumentos. El argumento técnico del Ejecutivo choca con la realidad económica de hogares que usan plataformas como Amazon o AliExpress para acceder a bienes asequibles o negocios que dependen de estas pequeñas importaciones para la operación o reposición de mercancías que ahora deberán pagar este gravamen a compras digitales.
El debate ahora es político y técnico: ¿Recaudar rápido o proteger a los vulnerables? El recurso del Estado de Emergencia Económica permite medidas expeditas, pero la reducción del umbral, imponiendo un gravamen a compras digitales pequeñas, plantea preguntas sobre equidad tributaria y alternativas menos regresivas. Si el objetivo es cerrar brechas fiscales sin profundizar la desigualdad, el Gobierno debería acompañar la medida con compensaciones focalizadas, controles al contrabando y una revisión de exenciones que no penalice a los consumidores de menores recursos; de lo contrario, el impuesto terminará siendo un ajuste que recae sobre quienes menos pueden pagarlo y sentando un precedente de un “gobierno por decreto”.
1 USD = 3.769,2 COP
