El representante José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) viajó a Estados Unidos para pedir al Departamento de Estado que incluya al M-19 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, por su responsabilidad en la toma del Palacio de Justicia del 6 de noviembre de 1985 y otros actos violentos. Uscátegui presentó en Miami documentos y análisis jurídicos que evidencian el vínculo del grupo con el Cartel de Medellín, el régimen de Fidel Castro y una supuesta operación destinada a destruir expedientes de extradición. El pedido contó con el respaldo de organizaciones de la diáspora y líderes pro derechos humanos presentes en el acto.
La iniciativa se enmarcó en un homenaje a las víctimas y en fuertes denuncias contra miembros del actual gobierno colombiano, a quienes Uscátegui imputó nexos con la guerrilla. “El M-19 es una estructura criminal que sigue delinquiendo”, declaró el congresista, y calificó la presencia de ex militantes en cargos de estado, incluyendo el propio Petro, como una amenaza a la independencia democrática. En el encuentro también habló el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, quien reivindicó el sacrificio militar en la recuperación del Palacio.
La solicitud complica la agenda diplomática y abre interrogantes jurídicos y políticos: Si Washington atiende la petición, el gobierno de Petro enfrentaría impactos en cooperación, percepciones regionales y procesos de verdad y justicia. Los defensores de las víctimas del 6 de noviembre ven la inclusión como un paso para perseguir responsabilidades penales transnacionales, necesarias debido a la gravedad de las acciones de los miembros del M-19 que han permanecido impunes todos estos años. El tema seguirá en primer plano hasta que el Departamento de Estado decida si abre o no el proceso de clasificación.
