En medio de una ola de amenazas contra figuras políticas de Medellín, el frente 36 de las disidencias de las Farc negó estar detrás de un supuesto plan para asesinar al alcalde Federico Gutiérrez, al secretario de Seguridad Manuel Villa y a varios concejales, entre ellos Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón. La denuncia, que surgió desde la cárcel de Cómbita, señala una presunta alianza entre las disidencias y la Oficina de Envigado, con una recompensa de ocho millones de dólares por ejecutar los atentados.
El grupo armado calificó las acusaciones como “maniobras ruines” y negó cualquier vínculo con estructuras mafiosas, aunque informes oficiales los relacionan con narcotráfico, minería ilegal y extorsión. En su comunicado, las disidencias aseguran que no aceptan montajes ni amenazas, y que su lucha es política, no criminal. Sin embargo, el contexto de violencia y las alianzas entre grupos ilegales en Antioquia ponen en duda la supuesta pureza ideológica del frente 36.
Mientras la Unidad Nacional de Protección admite no tener capacidad para reforzar los esquemas de seguridad, Gutiérrez denuncia que el Gobierno Nacional desmontó más del 60 % de su protección. La tensión crece en Medellín, donde líderes opositores acusan una persecución sistemática y advierten que las amenazas no son aisladas, sino parte de una estrategia para silenciar voces incómodas en el país.
