El panorama político dentro del Pacto Histórico experimentó una nueva sacudida tras el anuncio de Daniel Quintero, precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, sobre su decisión de no participar en la consulta interna programada para el 26 de octubre.
El aspirante justificó su retiro señalando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil alteraron las condiciones pactadas por los precandidatos y eliminaron garantías previamente acordadas para el proceso.
En un video divulgado por sus redes sociales, Quintero criticó fuertemente a las entidades electorales y al sector político tradicional, asegurando que “mataron la consulta del Pacto Histórico”.
La decisión de Quintero tuvo respuesta inmediata por parte del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien a través de sus redes sociales, citó la ley 1475 de 2011 y argumentó que Quintero y su partido deberán responder por el dinero de dicha consulta tras la coalición solicitar reimpresión de tarjetones, situación que podría generar errores electorales.
“La ley 1475 de 2011 dice que si usted renuncia a la consulta del Pacto Histórico deberá pagar proporcionalmente el costo de esa consulta. Desde ya anunciamos todas las acciones legales para que usted y su partido reintegren parte de los $123.406.794.418″, señaló.
En otro trino, el concejal manifestó que, si el Pacto Histórico decide cancelar su participación en la consulta prevista para el 26 de octubre, se perderán $123.406.794.418 del erario público.
Briceño afirmó que este monto ya ha sido destinado a la organización del evento, gestionado a solicitud de ese bloque político.
