El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de México lanzó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”: Un despliegue con más de 10.000 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional junto a una inversión de 57.000 millones de pesos para recuperar la normalidad del estado de Michoacán y detener la alta tasa delictiva que asola el estado, motivado tras el atroz asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos. La operación movilizará helicópteros, aviones de vigilancia y drones, y promete seguimiento quincenal de avances supervisado por la propia presidencia.
El anuncio, efectuado desde el Palacio Nacional con la presencia de los Secretarios Omar García Harfuch (Seguridad), Marcelo Ebrard (Economía) y Julio Berdegué (Agricultura), entre otros, incluye además refuerzo a las policías estatales y a la fiscalía local, junto a paquetes de apoyo para bienestar, infraestructura, turismo y empleo rural. Sheinbaum aseguró que “Se hace un esfuerzo especial por la gente de Michoacán”, pese a que algunos critican lo tardado de su respuesta. La violencia que golpea a productores agrícolas de la región y la ejecución pública de Manzo (quien criticaba la inacción federal) obligaron a una respuesta integral con toda la fuerza disponible para restablecer la paz.
Autoridades identificaron recientemente al presunto perpetrador de tomar la vida de Manzo, Víctor Ubaldo, de 17 años, quien murió durante el proceso de su detención sin pasar por manos de la justicia, y evidencias del proceso señalan la posible participación de más implicados. El plan apunta a combinar acción militar y programas sociales para restaurar la gobernabilidad, aunque la magnitud de la inversión y el despliegue deberá traducirse pronto en resultados tangibles para recuperar la seguridad en Michoacán, una de las mayores derrotas en materia de seguridad del gobierno actual.
