La millonaria vida de Verónica Alcocer en Estocolmo vuelve a encender dudas sobre transparencia y financiación, y la polémica crece tras la respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que afirma que la Primera Dama “no recibe ingresos del Estado ni maneja recursos oficiales” porque su figura no es de “calidad de servidora pública”. La polémica emerge en medio del debate de los escándalos por la presencia de Alcocer, quien Petro afirma que ya no es su pareja, en Estocolmo mientras crecen las preguntas sobre cómo se sostiene su estadía en Suecia.
Fuentes oficiales y reportes mediáticos ofrecen versiones contradictorias sobre sus actividades y apoyos: El Dapre sostiene que las labores de Alcocer se limitan a “Tareas protocolarias, iniciativas sociales o actividades análogas” y que el único respaldo estatal corresponde a seguridad, pero no a viáticos ni asignaciones económicas; “Las actividades referidas se enmarcan en su condición de cónyuge del Presidente y no corresponden al ejercicio de funciones públicas ni al manejo directo de recursos del Estado”, respondió la entidad. En contraste, imágenes y crónicas en redes muestran a Verónica Alcocer en eventos sociales y compras en Estocolmo junto al contratista Manuel Grau, lo que alimenta la sospecha pública sobre fuentes de financiación y la coherencia entre su rol y su estilo de vida. La millonaria vida de Alcocer aparece así como la base de la lectura crítica que domina la agenda.
Los viajes internacionales y las reuniones diplomáticas complican la narrativa oficial: Alcocer acompañó a Gustavo Petro en actos de alto perfil, como los Juegos Olímpicos de París 2024 y el funeral del papa Francisco, y sostuvo encuentros con homólogas como Entissar Amer, esposa del presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto, además de reuniones en Suecia con fundaciones y representantes del Ministerio de Cultura. Pese a ello, el Dapre insiste en que no hay manejo directo de recursos públicos y que dichas participaciones no ocuparon fondos del Estado. A la inquietud se suma la investigación periodística sobre operaciones familiares vinculadas al Banco Agrario, donde empresas de María Teresa y Juan Carlos Alcocer habrían gestionado créditos y contratos por montos que superarían los 8.000 millones de pesos, bajo la administración de Hernando Chica Zuccardi, nombrado por Gustavo Petro. Los lujos y la opacidad en la vida de la Primera Dama vuelve a colocarse en el centro del escrutinio con evidencias que contradicen la versión de Presidencia.
La falta de transparencia obliga a exigir claridad y rendición de cuentas: La ciudadanía y analistas piden que el Gobierno entregue información precisa sobre gastos, patrocinadores y vínculos comerciales que expliquen la permanencia de la Primera Dama en Estocolmo. Mientras tanto, la excanciller Laura Sarabia, ahora embajadora en Reino Unido, y otros actores diplomáticos figuran en la agenda de representación donde Alcocer ha participado, lo que refuerza la necesidad de distinguir entre funciones oficiales y actividades privadas. “No tiene derecho a viáticos”, afirmó el Dapre, pero la ausencia de datos públicos sobre gastos y patrocinadores alimenta la percepción de opacidad porque una millonaria vida como la que lleva Alcocer actualmente exige respuestas claras, no silencio y contradicciones de parte de fuentes oficiales.
