Investigación revela la alarmante explotación en bases militares
Un alarmante caso de minería ilegal de oro se desarrolla actualmente bajo el control del cartel Clan del Golfo dentro de los perímetros de seguridad del Batallón Rifles 31 en la mina La Mandinga, ubicada en el Bajo Cauca antioqueño. Una investigación periodística internacional ha documentado cómo las actividades extractivas han traspasado los límites militares en Colombia, permitiendo que civiles operen maquinaria pesada incluso dentro de los terrenos del Ministerio de Defensa. Durante el proceso de verificación, un minero local desafió abiertamente a los investigadores al asegurar: “Si quiere vuele el dron y mire”, confirmando la vulnerabilidad de las fronteras institucionales frente a los grupos armados ilegales.
La expansión de la explotación en bases militares generó una confrontación directa entre las autoridades y los trabajadores informales financiados por el narcotráfico. El coronel Daniel Echeverry, comandante de la base, inicialmente negó que se estuviera extrayendo oro en sus instalaciones hasta que fue confrontado con evidencia visual in situ. Al observar las mangueras de alta presión operando en terreno oficial, el oficial exclamó con sorpresa y alarma: “¡Esto es en terrenos de la base!”, procediendo de inmediato a ordenar el desalojo de los trabajadores que realizaban las perforaciones en el fango.
Los datos técnicos de la zona demuestran que la minería ilegal de oro se extendió hasta unos 137 metros de áreas críticas de la base, incluyendo la piscina donde se acumulaba el agua de al extracción y caminos para vehículos. A pesar de que el coronel Echeverry supervisa a una fuerza de 800 hombres para combatir estructuras criminales, el ruido de los generadores diésel de la mina era perceptible desde las dependencias militares, por lo que se cuestiona su desconocimiento de las actividades mineras. Durante la quema de maquinaria por parte de los soldados, la tensión alcanzó su punto máximo cuando un minero amenazó a los presentes gritando: “¡Nos vamos a prender todos, nos vamos a prender!”, mientras rociaba gasolina sobre el equipo, el personal militar y sobre si mismo.
El contexto de esta explotación en bases militares sugiere una red de tráfico del mineral de la más alta escala, sustrayendo un oro el cual logra llegar incluso hasta la Casa de la Moneda de Estados Unidos de forma ilegal. El coronel Echeverry intentó imponer autoridad durante el operativo gritando a los mineros: “Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, nosotros podemos dispararles por estar aquí”; sin embargo, los trabajadores continuaron su labor bajo el amparo de la protección del Clan del Golfo. Este incidente pone de manifiesto cómo el oro ilícito fluye a través de exportadores y proveedores internacionales que, al igual que las autoridades locales, omiten vigilar el origen real del recurso.
