Llamado a la calle tras la suspensión del incremento salarial del 23.7% ignorando el impacto económico en Colombia.
Las movilizaciones por el salario mínimo han sido convocadas por Gustavo Petro para este jueves a las 4:00p.m. en todas las plazas públicas del país, tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025. Esta medida judicial paraliza el aumento del 23.7% que el Ejecutivo había fijado de manera unilateral para el presente año, generando un vacío normativo que obliga al Gobierno Nacional a emitir un nuevo acto administrativo en un plazo máximo de ocho días. Petro ha instado a la “fuerza del pueblo trabajador” para defender lo que califica como una conquista histórica, trasladando el debate desde los estrados judiciales hacia la presión social en las calles, en un intento por blindar la narrativa del denominado salario vital frente al escrutinio técnico del poder judicial.
El impacto económico en Colombia derivado de este incremento sin concertación con el sector empresarial ha profundizado la incertidumbre en los mercados y en la planificación financiera de las compañías. La ausencia de un acuerdo en la mesa de concertación, donde el gremio empleador advirtió sobre una posible oleada de alza de precios, dejó al descubierto la fragilidad de una política salarial que ignora los indicadores de productividad. Aunque el Ejecutivo se apoya en estudios externos para afirmar que “la ruta de solidez del empleo colombiano está abierta”, la realidad técnica muestra que un ajuste de tal magnitud, impuesto por decreto y ahora suspendido, genera un riesgo de descalce en los costos operativos de las pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con el músculo financiero para absorber incrementos acumulados superiores al 18% anual sin afectar sus nóminas.
Este jueves las y los espero en todas las plazas públicas del país. Por el salario vital y la libertad de voto. Estaré en la plaza de Boívar de Bogotá. pic.twitter.com/LIRa6ZmZJu
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 17, 2026
Las consecuencias directas de elevar el salario mínimo un 23.7% sin el aval del sector privado se manifiestan en una presión inflacionaria latente que, a pesar de reportar un 0.25% en enero, amenaza con desbordarse en el sector de servicios y bienes básicos. El distanciamiento entre el Gobierno y el empresariado ha roto los puentes de diálogo técnico, convirtiendo el salario en una herramienta de confrontación política más que en un indicador económico de equilibrio. Sectores gremiales señalan que ignorar la capacidad de pago del aparato productivo “devasta la competitividad nacional” y fomenta la informalidad, ya que el costo de la legalidad se vuelve insostenible para el empleador promedio. Este escenario de inestabilidad jurídica, marcado por decretos que no resisten el control de legalidad, paraliza la inversión extranjera y ralentiza el crecimiento del PIB real.
La estrategia de movilización permanente planteada desde la Casa de Nariño busca legitimar un decreto que el magistrado Juan Camilo Morales ha puesto bajo revisión por posibles vicios en su fundamentación económica. El llamado a la protesta social se presenta como el “único camino para recuperar el rumbo” de una medida que el Gobierno insiste en mantener bajo nuevos estudios técnicos que deberán ser allegados al Consejo de Estado. No obstante, la polarización social que genera este llamado a las plazas públicas podría exacerbar las tensiones en un país donde la economía demanda certezas y no consignas de agitación. El éxito de estas movilizaciones por el salario mínimo determinará si el Ejecutivo logra sostener su propuesta de salario vital o si se verá obligado a retroceder hacia una cifra que considere la viabilidad técnica y el impacto económico en Colombia a largo plazo.
