Las discusiones por el salario mínimo en 2026 fueron fallidas y no hubo acuerdo en la negociación: Yensiones y cifras sobre la mesa
La negociación salarial cerró con una protesta formal ante el Ministerio del Trabajo y la consigna clara de que no hubo acuerdo. Las centrales obreras y las confederaciones de pensionados presentaron una comunicación dirigida al Ministro Antonio Sanguino para dejar constancia de sus discrepancias tras no alcanzar consenso con los gremios empresariales y de comercio sobre el aumento del salario mínimo para 2026. El conflicto no se limitó a porcentajes: Enfrentó dos visiones contrapuestas sobre cómo proteger el ingreso de millones de hogares y definió el cierre de la mesa de concertación con un documento que recoge salvedades y demandas.
En el centro del choque estuvo el porcentaje de ajuste y las razones que lo sustentan, según cada parte. Los gremios empresariales propusieron un incremento cercano al 7%, apoyado en indicadores macroeconómicos como inflación, productividad, crecimiento del PIB y metas del Banco de la República; en contraste, CUT, CGT y CTC exigieron un alza del 16%, que, sostienen, responde a la realidad cotidiana de las familias y al principio constitucional del salario mínimo vital y móvil. Las centrales argumentan que el ingreso actual no cubre la canasta básica y que el cálculo no puede limitarse al IPC; por ello, presentaron estudios y referencias de la OIT para respaldar su postura.
Las cifras concretas y las advertencias económicas alimentaron el debate técnico y político. Según la propuesta sindical, un aumento del 16% llevaría el salario mínimo mensual para 2026 a 1.650.680 pesos, una cifra que los sindicatos consideran necesaria para garantizar alimentación, vivienda, transporte y servicios públicos. Al mismo tiempo, las confederaciones de pensionados CPC y CDP acompañaron el análisis pero alertaron sobre efectos adversos para quienes reciben pensiones superiores al salario mínimo, ya que esas mesadas solo se reajustan por inflación; por eso pidieron revisar el marco legal de las pensiones para evitar que la medida profundice desigualdades. Además, se puso en discusión la indexación automática de tarifas al salario mínimo, mecanismo que, según los firmantes, erosiona parte del beneficio real para los hogares.
Con la mesa cerrada sin consenso, el camino ahora apunta a una decisión por decreto presidencial y a un debate de alto impacto social. Ante la posibilidad de que el Gobierno defina el monto por vía administrativa, las organizaciones solicitaron que se tengan en cuenta las salvedades presentadas; advirtieron que la resolución no será un trámite técnico sino una decisión que marcará la política económica y social de 2026, con efectos directos en el poder adquisitivo de trabajadores y pensionados. La falta de entendimiento deja en evidencia un acuerdo fallido entre partes y plantea un escenario de tensión política y social en las semanas previas a la definición final, que debe promulgarse antes de terminar el año.
