La creación de 1.141 vacantes temporales en el Ministerio de Trabajo, a solo nueve días de que entre en vigor la Ley de Garantías el 31 de enero de 2026, ha generado controversia por su posible uso electoral. Críticos señalan que el Gobierno de Gustavo Petro habría acelerado esta contratación masiva justo antes de que se restrinja el gasto público, lo que interpretan como una maniobra para asegurar cuotas burocráticas antes de los comicios.
La polémica se intensifica al considerar que estos empleos, bajo la figura de “planta temporal” hasta diciembre de 2026, no ofrecen estabilidad de carrera administrativa y podrían facilitar prácticas clientelistas. Según voces opositoras, utilizar la reforma laboral de 2025 como justificación técnica sería una estrategia para legitimar un crecimiento burocrático en un momento políticamente sensible.Por su parte, el ministro Antonio Sanguino defendió la medida argumentando que busca cumplir estándares internacionales, como el de un inspector por cada 5.000 trabajadores.
Actualmente, según el propio ministro, hay uno por cada 10.000, lo que para el Gobierno justificaría la urgencia del decreto. Sin embargo, sectores críticos consideran que el momento elegido para esta expansión refuerza la percepción de un uso político de la nómina estatal.
