Colombia sigue inmersa en una pugna política por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que aseguró que decretará la realización de la consulta popular para sacar adelante su reforma laboral, uno de los pilares de su Gobierno, aunque el Senado tumbó la iniciativa.
El mandatario izquierdista aseguró que tomó la decisión porque, según denunció, el Senado había hecho “trampa” cuando negó la convocatoria a la consulta popular.
“¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado. Hicieron trampa”, afirmó Petro.
Además, sentenció que se trata de la voluntad del “pueblo”. Según el presidente, la gran mayoría de la población colombiana está de acuerdo con su propuesta de reforma laboral. Entre las propuestas que recoge su propuesta está el fortalecimiento de las garantías sindicales, el aumento del recargo nocturno, la ampliación de la licencia de paternidad y la regulación del trabajo en plataformas digitales.
Sin embargo, la afirmación del presidente ha generado fuertes críticas por parte de distintas fuerzas políticas y analistas, que acusan al mandatario de traspasar sus poderes presidenciales y de romper la separación de poderes.
Colombia entra en un terreno desconocido luego de las declaraciones de Petro, ya que se trata de una situación inédita.
El argumento del Gobierno de Petro es que el Senado bloqueó de manera injusta su propuesta de consulta popular y que el pueblo colombiano es el que tiene que decidir si la aprueba o no.
“Y si dudan que la mayoría no está con la reforma laboral, déjenlo votar”, dijo en su alocución presidencial.
Sin embargo, más allá de las declaraciones, la consulta deberá pasar pugnas legales y también dudas sobre el procedimiento para eventualmente llevarla a cabo.
En primer plano aparece una pregunta clave: ¿a quién le compete decidir la legalidad de la consulta por decreto? Allí surgen dos actores: el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
