El mantenimiento del helicóptero presidencial de Colombia quedó suspendido por la inclusión de Gustavo Petro en la llamada “lista Clinton”, y el Gobierno respondió con reproches públicos y medidas legales anunciadas por el propio Petro vía redes sociales. La empresa italiana Leonardo Helicopters notificó la suspensión preventiva del soporte al AgustaWestland AW139 matrícula FAC‑0008 mientras tramita ante la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) la licencia necesaria para continuar actividades vinculadas a la aeronave, según una carta dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).
La aeronave tipo VIP, adquirida por 12 millones de dólares en la Administración de Iván Duque, queda temporalmente fuera de servicio, con capacidad para 12 pasajeros y autonomía aproximada de cinco horas. En su misiva la compañía agradece la cooperación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y aclara que la suspensión atiende disposiciones regulatorias, pero pide paciencia mientras se resuelve el trámite ante la OFAC. El helicóptero integra aviónica Honeywell Primus Epic, motores Pratt&Amp Whitney PT6C‑67C de 1.679 SHP y sistemas de seguridad y navegación avanzados.
Petro calificó la decisión como “una ofensa para Colombia” y ordenó acciones legales y la venta del helicóptero. En redes sociales afirmó: “El Estado colombiano no está sancionado. Le he pedido a los abogados que inicien demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad, y solicito poner en venta el helicóptero que compraron, pues prácticamente no lo necesito”. Petro además instó a que el movimiento democrático italiano investigue la actitud de la empresa y advirtió: “Si confunden al Estado con mi persona, entonces tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con el Estado”.
Petro vinculó la medida a una supuesta persecución por su postura sobre el “genocidio” contra el pueblo palestino y citó a Francesca Albanese como ejemplo de quienes, según él, sufren “una enorme injusticia internacional”. La situación se convierte en un nuevo recordatorio de la influencia de las sanciones contra Petro y su círculo cercano, que él insiste en asociar al Estado y al pueblo colombiano cuando las sanciones sólo les afectan a ellos individualmente, aún cuando luego sale en declaraciones afirmando la separación de figuras. A fin de cuentas, Petro crea una nueva situación que su gabinete debe resolver: Tomar acciones legales contra una empresa que se negó a prestar servicio a un vehículo el cual tiene la intención de vender de todas formas.
