Gustavo Petro cuestiona la suspensión de Daniel Quintero y abre un choque sobre si las autoridades pueden limitar derechos políticos. Petro criticó la decisión de la Procuraduría General de la Nación (a través de un tweet, como ya es costumbre) en la que en segunda instancia, confirmó la sanción de seis meses contra el ex alcalde de Medellín por supuesta participación en política, y afirmó que “las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos”, planteando una disyuntiva jurídica y política que plantea serias dudas sobre el desconocimiento demostrado sobre la separación de poderes.
La Procuraduría mantuvo la suspensión e inhabilidad que afectan la pre candidatura presidencial de Quintero. El órgano de control ratificó la sanción relacionada con el video “el cambio en primera”, difundido en mayo de 2022, y le impuso una multa cercana a 100 millones de pesos; según la decisión comunicada el 21 de noviembre de 2025, la medida incluye la prohibición de ocupar cargos públicos durante seis meses, aunque Quintero no ejerza actualmente función administrativa fin alguna. El propio ex alcalde difundió el fallo en redes y anunció que apelará ante el Consejo de Estado, afirmando: “La Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era alcalde por el ‘Cambio en primera’ al considerar que fue participación en política”.
Quintero denuncia selectividad y prepara defensa judicial mientras se abre un proceso penal asociado. En entrevistas sostuvo que la sanción es injusta y preguntó públicamente “¿Por qué solo contra mí? ‘Fico’ me atacó y a él nunca lo suspendieron. La justicia tiene favoritos”, además de subrayar que “cada quien se tiene que defender” y anunciar recursos legales. Paralelamente se inició el proceso judicial por el caso Aguas Vivas contra Quintero y 12 personas más, que incluye alegaciones sobre intentos de monetizar un terreno del municipio y reclamos por más de 53.000 millones de pesos; el expediente de la Fiscalía suma más de 3.900 pruebas documentales y menciona delitos como peculado y participación indebida en contratos.
La disputa tiene impacto político e institucional inmediato. El choque entre la tesis de Petro, que rechaza la suspensión administrativa de derechos políticos sin basamento alguno expuesto, y la postura de la Procuraduría plantea preguntas sobre límites legales y precedentes debido a que el presidente no tiene jurisdicción sobre decisiones judiciales. Mientras, el Alcalde Federico “Foco” Gutiérrez recordó que la decisión responde a una acción judicial interpuesta por su administración y recordó los más de 650 hallazgos entregados a controles. La apelación ante el Consejo de Estado y el proceso penal harán que el caso se convierta en un referente sobre la separación de funciones, el alcance de sanciones administrativas y la solidez de las autoridades en Colombia.
